El PP considera que ha ganado una 'batalla' en el TC sobre la ley de amnistía, pero aún no la 'guerra'. Los populares exigieron a Juan Carlos Campo que se abstuviera en los recursos contra esa medida y el exministro de Justicia ha tomado esa decisión, pero a los de Feijóo no les vale: también exigen que hagan lo propio el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y Laura Díez, que dejó su puesto de directora general de Asuntos Constitucionales en Moncloa para convertirse en magistrada del Tribunal.
Así lo ha confirmado Cuca Gamarra en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. La dirigente popular ha afirmado que "evidentemente, uno de los miembros del TC se abstiene por haber pertenecido al gobierno de Pedro Sánchez", en referencia a Juan Carlos Campo. No obstante, ha añadido que "se debería abstener en todos los asuntos que incumben al Gobierno".
Sobre Conde-Pumpido y Laura Díez, Gamarra ha recordado que "no solo" Juan Carlos Campo formó parte del Gobierno de Sánchez antes de ser magistrado del TC, por lo que pidió que Laura Díez tomara la misma decisión, que hizo extensiva al actual presidente del Constitucional: "Deberían tomar esa decisión todos los magistrados del TC que tengan tacha de no independencia. Cándido Conde-Púmpido también debería apartarse".
Más allá de esta exigencia, desde el PP se muestran satisfechos con la abstención de Juan Carlos Campo, que los populares exigían desde hace un mes recordando que el exministro de Justicia, en el informe firmado por él avalando los indultos, dejaba a las claras el carácter "inconstitucional" de la amnistía. Ahora, el objetivo son las otras dos abstenciones, que igualarían las votaciones sobre la futura ley: "Del 7-3 actual, al 4-4".
El pleno de Estrasburgo
La portavoz del PP en el Congreso también destacó el pleno celebrado ayer en el Parlamento Europeo para analizar la ley de amnistía en España: "El debate de ayer es importantísimo para la democracia y el Estado de derecho en nuestro país. La respuesta estuvo a la altura. La advertencia de la Comisión Europea de estar vigilantes, no solo al texto de la ley, sino a las enmiendas y a los acuerdos de investidura del PSOE con partidos que tienen prófugos de la Justicia, es clave".
Para Gamarra, "la respuesta que dieron las instituciones europeas, con su compromiso con los españoles de que velarán por el estado de derecho, significa que no solo es un asunto interno, sino que tiene una dimensión internacional en el que el PP va a seguir trabajando".
La dirigente popular, además, pidió el cese del Fiscal General del Estado tras el varapalo del Tribunal Supremo por su "desviación de poder" y advirtió que esa "anomalía" constará también en el informe del comisario europeo de justicia, Reynders, sobre el estado de derecho en España.
Un Gobierno "sin control"
Gamarra, además, confirmó que han sido admitidas las peticiones de comparecencia de Albares, Marlaska, y Sánchez registradas por el PP: "Se ha determinado que se practiquen todas las comparecencias que el PP había solicitado en pleno las últimas semanas. Comparecerán Albares, Marlaska; y el presidente Sánchez el día 20 para informar sobre los Consejos Europeos y el ataque terrorista sufrido por Israel".
Gamarra destacó que Sánchez será "el último presidente que comparezca en su Parlamento para dar esas explicaciones" y denunció que el Gobierno lleva "cinco meses sin control en el Congreso".
Mientras tanto, denunció, "Mientras tanto, "sabemos que el control se lo hace Carles Puigdemont fuera de nuestras fronteras e instituciones", algo que consideró una "anomalía democrática" que "el PP va a seguir denunciando".
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