El Grupo Popular ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 que incluye que se pueda obligar a guardar cuarentena y a aislarse a "las personas sospechosas" de la covid-19, controlar las entradas y salidas en las zonas afectadas y limitar la libre circulación, sin tener que recurrir al estado de alarma.
Estas medidas se incluyen en el plan jurídico que este lunes presentó el líder del PP, Pablo Casado, con el objetivo de poder actuar de manera inmediata ante los rebrotes de coronavirus que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas. Para ello, invitó al PSOE a sentarse con el PP para negociar esta reforma exprés, de forma que esté aprobada este mismo mes de agosto.
Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha subrayado este miércoles que están en un "escenario de control" y ha rechazado que se pueda hablar de una "segunda ola generalizada" de coronavirus. Además, ha dejado claro que las comunidades autónomas "cuentan con instrumentos suficientes para controlar la pandemia", un mensaje que ha reiterado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Las medidas que propone el PP
En concreto, el PP asegura que su ley persigue "conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias de distinta índole".
El PP plantea modificar el artículo tercero de la Ley 3/1986, de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública y precisa que, con el fin de "controlar las enfermedades transmisibles", la autoridad sanitaria podrá "realizar las acciones preventivas generales" y "adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermemos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato".
Esas medidas, prosigue, incluirán el "sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas".
En ese artículo tercero, el PP propone además "controlar y limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cuál podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas". Añade que todas las medidas se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Garantías judiciales
El Grupo Popular asegura en la exposición de motivos de esta norma que es "lógico" que medidas como el aislamiento, cuarentena o tratamiento forzoso estén requeridas de ratificación judicial inmediata.
Con ese objetivo, incluye en su iniciativa una modificación de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de forma que la competencia de los juzgados de lo Contencioso Administrativo "se limitará únicamente a los casos de privación de la libertad u otro derecho fundamental".
El PP asegura que estas modificaciones legales permitirían la adopción de medidas de toda índole destinadas a la protección de la salud de los ciudadanos "con mayor conformidad a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad". "Perseguimos que, en todo caso, prime la garantía de los derechos fundamentales, eficacia, rapidez, seguridad y protección de los ciudadanos", concluye.
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