PSOE, Sumar y Coalición Canaria han llevado este lunes al Congreso de los Diputados su proposición de ley de Extranjería. Con este acto, comienza el recorrido parlamentario de la misma aunque, de partida, con un futuro incierto e improbable.
El Gobierno quiere, con esta norma, hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados ('menas') en todo el territorio español. Hasta ahora, esta acogida es voluntaria por parte de las comunidades autónomas, lo que ha provocado una demora desde 2022 en el reparto del que, además, se ha descolgado Cataluña.
Para la aprobación de esta ley es fundamental que el PP de Feijóo apriete el botón del 'sí' durante su votación en el Congreso, algo que, de momento, el Gobierno no tiene garantizado. Es más, deberá cumplir con una batería de condiciones que desde Génova ven "irrenunciables" para que la norma salga adelante, ya que los socios de la investidura no la apoyarán unánimemente, pues Junts ya se ha mostrado en contra.
Entre estas condiciones está, principalmente, que el Ejecutivo declare la emergencia migratoria en todo el territorio español, y no solo en las islas Canarias. De este modo, las comunidades podrían acogerse al plan de emergencia y licitar recursos de forma urgente para las necesidades de la acogida.
Así lo refleja el PP en un documento al que Vozpópuli ha tenido acceso, y en el cual reprocha a Pedro Sánchez que "si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del gobierno, estaría tomando medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis migratoria".
"Sin voluntad de acuerdo" y con "ataques y mentiras"
También que "si hubiera voluntad de acuerdo para abordar una cuestión que nos afecta a todos, y cuyas competencias están divididas entre el Gobierno central, competencias migratorias, y las CCAA, se habría planteado este acuerdo de cooperación en la Conferencia de presidentes", tal y como pidió el PP la pasada semana.
Sin embargo, el partido acusa al Gobierno de proferir "ataques basados en mentiras" a las comunidades gobernadas por el PP, las cuales sí dieron el visto bueno al reparto voluntario de menores en sus territorios, algo que ha llevado a Vox, su socio en estos territorios, a romper con el partido, aunque no en los ayuntamientos.
El PP detalla en el documento las cuestiones que exige al Gobierno para apoyar la ley, entre las que están, además de la ya mencionada declaración de emergencia migratoria:
- Asegurar que "los menores que sean trasladados a las comunidades de destino sean indubitados en su edad, garantizando por la fiscalía que efectivamente son menores".
- Un Plan de Política migratoria del gobierno para "ejercer con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración para contener sustancialmente las entradas irregulares".
- Reforzar "el control de las fronteras marítimas, establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles e inversiones necesarias con los países de origen".
- Una prueba fehaciente "de que se solicita la activación de los mecanismos existentes para luchar contra la entrada ilegal y para la colaboración en el reparto de los menores llegados a España a las instituciones de la UE que corresponda".
- Un "compromiso financiero mediante un fondo de contingencia plurianual y con el reconocimiento de los menores que ya están en estos momentos acogidos por las CCAA" que recoja "la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación".
- Recoger que "una vez que la situación que viva una CCAA en cuanto a los menores en acogida, exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa, ya que la imposición del reparto, sin existir los medios para la acogida hace imposible que esta sea efectiva".
- Garantizar que "el reparto será para todas las CCAA sin excepción. Debe quedar reflejado en la PL, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en estas últimas semanas".
