Si para Pere Aragonès la amnistía es "el punto de partida", para los presidentes autonómicos del PP el debate celebrado ayer en el Senado también supone el inicio de una legislatura "totalmente ingobernable" para Pedro Sánchez si logra ser investido. Los barones territoriales de Alberto Núñez Feijóo planean toda una batalla judicial contra el Ejecutivo central y ya avisan a Moncloa: "Lo pararemos todo".
Esa declaración de intenciones, de hecho, se oficializó en la Cámara Alta a través de todas y cada una de las intervenciones de los líderes territoriales del PP. En un debate sobre la amnistía, los populares dejaron a las claras que la guerra contra el Gobierno de Sánchez no se va a ceñir única y exclusivamente en esa ley que pacta el PSOE con Carles Puigdemont, sino que actuarán ante cualquier trato de favor hacia Cataluña, o el País Vasco, para contentar a los socios independentistas del Ejecutivo.
La condonación de la deuda
En ese sentido, desde diferentes gobiernos autonómicos del PP ya anticipan su disposición a acudir a los tribunales si Pedro Sánchez acepta la condonación de la deuda que acumula Cataluña con el Estado, que alcanza los 32.000 millones de euros a pagar durante los próximos cuatro años.
Ante ese 'pago' previsto, Carles Puigdemont, a través de Junts, ya ha advertido que, según sus cálculos,
la "deuda histórica del Estado con Cataluña" asciende a los 450.000 millones de euros y, por tanto, exige la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para reducirlo parcialmente, así como recaudar todos los impuestos, ejecutar transferencias en materia de pensiones y del 19% de los fondos europeos.
Diferentes presidentes autonómicos contactados por Vozpópuli califican de "locura" esta exigencia de Puigdemont, que ven como parte de una estrategia para evitar el pago anual de 8.000 millones de euros al Estado. Una 'obligación' que tienen todas las comunidades autónomas en función de su propia deuda con el Estado y cuyo incumplimiento "repercute en la economía de todos".
Ese daño al interés común, precisamente, es el argumento jurídico que ya manejan varios gobiernos autonómicos del PP para presentar, incluso, un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que esta condonación de la deuda "afecta al resto" y, además, rompe "el principio de igualdad" entre todos los territorios recogido en la Carta Magna.
"Rebelión autonómica"
La amnistía y la posible condonación de la deuda, en todo caso, no serán los únicos campos de batalla de las comunidades autónomas del PP frente al Gobierno: "Está también el reparto de los fondos europeos, las inversiones en infraestructuras o incluso proyectos hidráulicos, con trasvases incluidos".
En este sentido, avisan, "la unión hace la fuerza y es posible tejer alianzas entre comunidades autónomas para condicionar proyectos del Gobierno que nos afectan". A nivel hidráulico, de hecho, "los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia, e incluso la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page compartimos una serie de criterios en contra de algunas iniciativas del Gobierno, y ahí no hay colores políticos". Estas tres regiones, precisamente, son "las más castigadas" por el actual sistema de financiación autonómica, por lo que "también podemos ir en bloque" en ese asunto.
Pedro Sánchez quizá logre ser presidente, pero se enfrenta a una legislatura totalmente ingobernable
El trasfondo de toda esta "rebelión autonómica", admiten los barones del PP, es lanzar un mensaje claro a Pedro Sánchez: "Quizá logre ser presidente, pero se enfrenta a una legislatura totalmente ingobernable por la capacidad de respuesta del PP en el Senado, en las Comunidades Autónomas, y también a través de la Justicia".
El Supremo, clave en la amnistía
Los populares señalan a la Cámara Alta y a sus propios ejecutivos regionales como campos de batalla claves en esta legislatura recién estrenada, pero apuntan que los tribunales tendrán también mucho que decir. Y, en lo que a la amnistía se refiere, "más el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional".
En este sentido, un importante exdirigente del PP apunta a este medio que, una vez aprobada la amnistía, "el Supremo tiene que decidir si es aplicable o no para personas que ya han sido condenadas por el Alto Tribunal". En ese punto, "ya hay quien apunta a que podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad o incluso remitir el asunto a la Justicia europea".
A esa circunstancia, añade esta misma fuente, se unirían los recursos de inconstitucionalidad ante el TC de las comunidades autónomas. Aunque, insiste, la clave está en el Supremo: "Es muy difícil que Llarena y todos los jueces que durante años han trabajado en las sentencias del procés no se resistan para que esas condenas mantengan su vigencia".
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