La semana clave para determinar el recorrido político del caso Kitchen ha terminado con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, apuntando hacia los uniformes y no hacia las corbatas. El PP respira, de momento, tras sus declaraciones como investigados en la Audiencia Nacional. Con matices entre ambos, coincidieron en desvincular al partido o el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los seguimientos a Bárcenas.
El PP de Pablo Casado mira con preocupación el devenir de una investigación que devuelve al partido a las crónicas judiciales. En este caso, les sitúa en el centro del espinoso caso Villarejo y el uso de la Policía Nacional para fines partidistas. La formación manifiesta, al menos en público, su distancia con esta herencia de Rajoy y recuerda que fue la actual dirección la que sacó tanto a Fernández Díaz como a Martínez de los órganos de dirección o las listas electorales.
La declaración el jueves del que fuera número dos del Ministerio entre 2012 y 2016, Francisco Martínez, estaba envuelta en una gran expectación tras varios aplazamientos. Había comunicado a su círculo interno que si le llamaban a declarar, también irían el ministro “y posiblemente Mariano Rajoy”. Había manifestado que su único error fue mantener “lealtad a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o Cospedal” y que contaría todo lo que sabe. Él había sido el superior de esa camarilla policial que anidó en la Policía con la presencia del polémico José Villarejo y bajo la dirección del comisario Eugenio Pino.
Abandonado por el partido
En el sumario consta cómo Martínez recurrió al partido para que no le dieran la espalda. Al actual secretario de organización del PP, Teodoro García Egea, le solicitó sin éxito un escaño en la Asamblea de Madrid para mantener el aforamiento. El abandono del que se queja hacía prever que tirase de la manta y permitiese apuntalar la tesis de los investigadores. A su juicio, la operación Kitchen no fue un operativo convencional, sino un encargo “parapolicial” con ramificaciones en los "órganos superiores de la Administración General del Estado".
Según la Fiscalía anticorrupción, el plan era arrebatar a Bárcenas información sensible en su poder sobre el PP. En una idea: salvar al entonces presidente del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy, de más escándalos derivados de la corrupción que cercaba a los populares. Todo esto haciendo un uso fraudulento de los fondos reservados y sin dar cuenta al juez que en ese momento ya investigaba la financiación irregular del partido recogida en los llamados ‘papeles de Bárcenas’.
Sin embargo, al menos las respuestas de Martínez y Fernández Díaz -solo contestaron al juez y a sus abogados- no permitieron avanzar en esa línea que apuntaba de lleno al Gobierno. Esto aleja la posible imputación de María Dolores de Cospedal o su marido, solicitadas por la Fiscalía. El juez las había dejado en el aire hasta escuchar estos testimonios. El que fuera ministro del Interior entre finales de 2011 hasta mediados de 2016 era una de las personas más cercanas a Mariano Rajoy. Desde los tiempos en la oposición, hizo de la fidelidad inquebrantable al presidente del PP su principal aval político.
Después se alineó con Cospedal en el enfrentamiento que se vivió en el seno del Consejo de Ministros frente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ante el juez, Fernández Díaz negó haber recibido ninguna orden o información relacionada con estos hechos: “Ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba”, zanjó el exministro, expedientado por su partido tras conocerse su imputación.
"El Asturiano"
En la causa obra un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el que se dice que la operación de seguimientos al entorno de Bárcenas contó con el conocimiento de una persona a los policías llamaban el Asturiano. En el momento de redactar ese informe, la Policía no había identificado a la persona que se escondía tras ese alias. Tiempo después, y tras escuchar otras conversaciones de las que grababa Villarejo, el ministerio público concluyó que era la forma que empleaban para referirse a Rajoy.
Fernández Díaz insistió en la tesis de que se enteró por la prensa de la operación. Es la versión que sostuvo en la entrevista concedida a Vozpópuli en 2018 y que tanto molestó a su número dos, Francisco Martínez. Al ver que el ministro se ponía de perfil, acudió a un notario para dejar constancia de unos SMS que recibió de su jefe y que apuntaban a su conocimiento del caso.
Estos mensajes ocuparon una parte importante de las declaraciones, tanto que la Fiscalía pidió que se le requisase el teléfono al exministro. Fue una petición del fiscal Ignacio Stampa, quien agota sus últimas semanas en el caso. Fernández Díaz lo entregó y niega haber escrito esos mensajes en los que se usa la K en lugar de la C. Afirma, además, haber cambiado de terminal varias veces desde los hechos investigados. El juez analizó el teléfono que usa actualmente pero luego se lo devolvió a concluir que no había nada en él que sirviese para salir de dudas.
¿Quién ordenó la Kitchen?
El exministro también negó ante el juez haber sido la persona que puso en conocimiento al secretario de Estado de la captación como confidente del chófer de Bárcenas. Es lo que había declarado en la víspera su número dos. Francisco Martínez dijo que se le pidió que llamase al director adjunto de la Policía, Eugenio Pino, para que ampliase información y coordinasen un cauce de comunicación. El comisario le confirmó que seguían a Bárcenas para investigar sus cuentas o el uso de testaferros.
Ni las respuestas de Fernández Díaz ni las de Martínez permiten determinar con claridad quién ordenó la operación Kitchen, pero al negar cualquier conocimiento previo de la misma devuelven la responsabilidad sobre los mandos policiales. En todo momento niegan que se le llamase de ese modo al operativo y defiende que todo se hizo de manera legal. Sobre quién era el responsable, Pino declaró que en 2015 ordenó poner fin al operativo ante la escasez de avances. Fue después de que sus comisarios le planteasen seguir al hijo de Bárcenas durante un viaje que iba a realizar a Chile ante las sospechas de que pudiese aprovechar para hacer operaciones financieras para su padre.
El PP toma aire y gana tiempo tras esta semana clave de declaraciones, si bien la investigación sigue su curso. Tanto la Fiscalía como el juez trabajan en la búsqueda de nuevos indicios. Agentes de la Policía Nacional han intervenido recientemente a Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, teléfonos móviles y un pendrive en el marco de la investigación. La intervención de este material se llevó a cabo hace unos 15 días y ya obra en poder del juez instructor del caso.
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