El PP quiere hacer valer una vez más su mayoría en el Senado, convertida en la mejor herramienta para dificultar en lo posible la investidura de Pedro Sánchez, fraguada sobre las cesiones del PSOE a los independentistas de Junts y ERC. Así, el grupo parlamentario popular pretende retrasar todo lo posible la aprobación de la ley de amnistía mediante la propuesta de modificación del reglamento de la Cámara Alta que acaba de registrar, que afecta al artículo 133. Una maniobra que ya adelantó Vozpópuli el pasado mes de octubre.
Esta modificación permitirá al Senado disponer de un plazo de veinte días naturales para ejercitar sus atribuciones legislativas, en este caso respecto a estimar si los proyectos de ley considerados urgentes por el Gobierno o el Senado merecen o no ser tramitados de acuerdo con esa urgencia.
Será la Mesa del Senado, la que de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de al menos 25 senadores podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia.
Concretamente, la propuesta de reforma del Grupo Popular, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, establece que "en los proyectos de Ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo".
Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia.
En las proposiciones de Ley, "la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimientos de urgencia, cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores".
El informe clave que llegó a Génova
Tal y como avanzó Vozpópuli el pasado mes de octubre, los populares llevan semanas preparando esa reforma de reglamento. Una posibilidad que estaba recogida en el informe Una estrategia senatorial frente a la amnistía, analizado por Génova y elaborado de motu proprio por Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, abogados y profesores.
Ambos autores proponían que el Senado modificara su Reglamento y excluyeraa las proposiciones de ley de los plazos de tramitación aplicables a los proyectos de ley: dos meses o bien 20 días para los urgentes.
A su juicio, el plazo podría ser otro superior, permitiendo inclusive la intervención de las comunidades autónomas afectadas, sin resultar constreñido por el marcado por la Constitución para los proyectos de ley.
Este proceso retrasaría la tramitación lo que se estime oportuno. Descartado el Real Decreto-ley, que consideran que ni el actual Tribunal Constitucional podría avalar para una ley de este tipo, quedaría la vía del proyecto de ley. La ley de amnistía, sin embargo, se presentará, previsiblemente, como proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios que faciliten la investidura de Sánchez.
La reforma del reglamento de Vox
El PP registró esta solicitud de reforma el pasado martes, coincidiendo con la jura de la Constitución de la Princesa Leonor en el Congreso. Un día antes, el lunes 30, Vox presentó su propia propuesta de reforma, más enfocada en el artículo 104 del presente texto.
Así, los de Abascal propone, incluir la posibilidad de que los senadores reclamen, al llegar una Proposición de Ley del Congreso sin los informes previos técnicos que sí se exigen a los Proyectos de Ley, la incorporación de estos informes.
Esto se propone "porque el Gobierno ha hecho (y previsiblemente lo va a hacer con para sacar adelante la amnistía) un uso fraudulento de la figura de la iniciativa parlamentaria de la proposición de ley, con el fin de evitar los informes que exige con carácter previo para el proyecto de ley. De este modo, el Gobierno, apremiado por una celeridad u opacidad interesada, puede promover sus iniciativas a través de los grupos parlamentarios coincidentes con la mayoría gubernamental, sin que ello represente, formal y aparentemente, un fraude de ley".
Por lo tanto, "Vox busca con esta Propuesta de Reforma del Reglamento evitar que el Gobierno pueda hacer uso de los grupos parlamentarios que lo soportan para manipular la iniciativa legislativa de las propias Cámaras".
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