El Partido Popular ha presentado una enmienda parlamentaria en la que exige que expedientes como el que llevó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a autorizar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en este caso por 53 millones de euros, sean entregados por parte del Gobierno al Congreso de los Diputados en un plazo máximo de cinco días desde su aprobación en el Consejo de Ministros.
La formación de Pablo Casado ha criticado en las últimas semanas que el Ejecutivo se resista a publicar los términos del expediente que llevó a la SEPI a dar luz verde a esa inyección económica a Plus Ultra dentro del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros.
El PP ha registrado dicha petición en el proyecto de ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, cuyo periodo de enmiendas concluía la semana pasada. El texto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, lleva la firma de la portavoz de los populares en la Cámara baja, Cuca Gamarra, y se debatirá en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El principal partido de la oposición introduce, en primer lugar, una mejora técnica sobre el objeto de dicho fondo estatal, en el que reclama que las empresas "hayan dado beneficios en 2019" si quieren aspirar a este "apoyo público temporal" para reforzar su solvencia económica. Esta condición no la cumplía Plus Ultra.
El PP también exige que estas empresas con "severas dificultades de carácter temporal", a consecuencia de la pandemia del covid-19, sean consideradas estratégicas por una serie de motivos. "Por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados", enumeran los 'populares' en su enmienda.
Requisitos que no cumplía Plus Ultra
La formación de Casado justifica dicha enmienda porque entiende que las empresas que aspiren a este fondo de solvencia deben cumplir "el mismo requisito" que se exige a las pymes y autónomos "para poder beneficiarse de las ayudas directas canalizadas a través de las CCAA".
La segunda -y más importante- enmienda al articulado del proyecto de ley es la modificación del apartado 17 del artículo 2. En ella se indica que los datos, documentos e informaciones que obren en poder del consejo rector y de la SEPI tendrán "carácter reservado" y no podrán ser divulgados "a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos", salvo en aquellas excepciones previstas en la normativa vigente.
Cuca Gamarra, portavoz del grupo parlamentario del PP.
Sin embargo, esta obligación "a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas" a las indicadas en el proyecto de ley, "cesará en el momento en el que el Consejo de Ministros apruebe la operación". Un requisito que no existe en la actualidad.
El PP añade que el Gobierno "tendrá un plazo de cinco días para remitir al Congreso de los Diputados el expediente completo de la operación autorizada". Con ello, se exige "máxima transparencia en la gestión del dinero público, para evitar escándalos como el de Plus Ultra Líneas Aéreas SA", subrayan los 'populares'.
Fuentes del grupo parlamentario del PP señalan a este diario que estas enmiendas serán negociadas con todo el arco parlamentario para intentar que salgan adelante en la tramitación legislativa, aunque no lo tendrá fácil el partido de Casado.
Una comisión de investigación
La propia Gamarra denunció el pasado martes que el PSOE, Unidas Podemos y "sus aliados" habían impedido que el próximo Pleno de la Cámara debata su propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las ayudas concedidas a la aerolínea Plus Ultra.
El PP intentó que este fuera uno de los puntos del orden del día del siguiente Pleno, pero no logró la mayoría que necesitaba para poder incluirlo. En opinión de Gamarra, este bloqueo "certifica que el escándalo" acerca de este rescate "sigue creciendo".
Por ello, insistió en la "arbitrariedad" con la que, a su juicio, se han concedido a esta empresa 53 millones de euros del citado fondo de rescate de la SEPI para empresas estratégicas, que fue dividido en un préstamo participativo por valor de 34 millones y en un préstamo ordinario de 19 millones.
Tras insistir en que esas cantidades deberían haberse destinado a empresas "españolas" que sí eran "solventes" y "estratégicas", Gamarra volvió a acusar al Gobierno de "oscurantismo" y a advertir de que este tipo de actuaciones arbitrarias suponen "un lastre" para la recuperación económica del país.
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