El acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar los órganos constitucionales a excepción del CGPJ está ya cerrado a falta de unos flecos que se irán perfilado en las próximas horas. En lo que respecta al Tribunal Constitucional, uno de los aspectos que se negocian tras lograr la fumata blanca es el relativo a la presidencia del órgano, que en la actualidad ostenta Juan José González Rivas. Los populares abogan por que su sustituto siga siendo de corte conservador.
Según confirman fuentes de las negociaciones a Vozpópuli, entre los candidatos que suenan con fuerza a ocupar la plaza se encuentran Pedro José González-Trevijano y Ricardo Enríquez Sancho, ambos actuales miembros del tribunal de garantías y cuyos mandatos expiran en junio de 2013 y marzo de 2017, respectivamente. El objetivo del Partido Popular es garantizarse la continuidad de una presidencia de corte conservador, máxime teniendo en cuenta que en junio del año que viene expiran dos plazas cuya elección compete al Gobierno, lo que haría inclinar la balanza a una mayoría de corte progresista.
Pero hasta entonces, Partido Popular y PSOE trabajan en la renovación de cuatro plazas que se designan a propuesta del Congreso de los Diputados. Las fuentes consultadas explican que se dividen a partes iguales, de manera que cada formación propondrá a dos candidatos. Entre los nombres que se barajan destacan el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia José Luis González Cussac y el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Pablo Lucas. Las mismas fuentes explican que entre los candidatos también habrá mujeres.
Ocho nombramientos en un año
De este modo, se sustituirán al actual presidente Juan José Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca, el magistrado Andrés Ollero y a Fernando Valdés, cuya plaza abandonó hace ahora un año. Teniendo en cuenta que la Ley establece que las designaciones lo son por un periodo de nueve años, en el caso de Rivas, Roca y Ollero su mandato constitucional terminó en julio de este año. Fuentes del tribunal de garantías consultadas por este diario explican que las nuevas plazas que ahora se renuevan no cumplirán nueve años, dado que se les descuenta el tiempo de prórroga que siguen ejerciendo los miembros con mandato ya ha caducado.
A ello hay que sumar que en junio del próximo año se tendrán que renovar otras cuatro plazas más, lo que implica un cambio superior a las tres cuartas partes de su composición. En concreto, en junio de 2022 expiran los nombramientos de dos miembros propuestos por el CGPJ (Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol) y de los dos propuestos por el Gobierno (Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez). Los populares dan por descontado que estos dos últimos serán renovados por candidatos de corte progresista, lo que implicará un tribunal de mayoría progresista.
Pese a que las negociaciones han estado en standby en los últimos meses debido al escollo que suponía la renovación del CGPJ, en las últimas 24 horas las dos formaciones han acercado posturas para sellar el acuerdo que afecta también al Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Este mismo miércoles por la tarde se reunían el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para terminar de acotar el pacto.
El acuerdo, que se prevé formalizar en el Congreso el próximo día 25, no afecta a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, caducado desde diciembre de 2018. Las fuentes consultadas explican que no ha habido movimiento alguno en cuanto a las posturas mantenidas, de manera que el Gobierno sigue defendiendo que se renueve la composición del CGPJ sin modificar la Ley, frente a la postura de los populares, que insisten en que el acuerdo no se producirá si no hay un compromiso real de cambio legislativo para que los jueces elijan a sus pares en su órgano de gobierno.
Momento clave
Por contra, los cambios en el Tribunal Constitucional se producen en un momento especialmente clave por la trascendencia de los asuntos que tiene sobre la mesa. El tribunal de garantías está protagonizando un octubre especialmente activo y todavía tiene pendiente pronunciarse de asuntos nucleares como el segundo estado de alarma decretado por el Ejecutivo, la prisión permanente revisable y los recursos del Partido Popular a la Ley del aborto 11 años después de su aprobación.
Su pronunciamiento contrario a determinados preceptos del primer estado de alarma el pasado mes de julio dejó un tribunal especialmente dividido. La sentencia que declaró inconstitucionales algunos de los puntos más polémicos de esta figura jurídica, contó con cinco votos particulares, entre ellos el de los conservadores Manuel Ollero y González Rivas. El presidente discrepó de la voz mayoritaria al considerar que las medidas más duras adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez (como la limitación de la libertad de circulación) eran "constitucionalmente admisibles" porque eran proporcionales con la situación de pandemia.
