Todos contra la mayoría absoluta del PP en el Senado por primera vez en esta legislatura. Y no sólo eso: de los 266 senadores, 241 de ellos presentes este jueves en la Cámara Alta, sólo han votado 140 la proposición de los populares de suspender el planteamiento de un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso en relación a la Ley de Amnistía. Una acción parlamentaria sin precedentes que impulsó el propio PP hace algo menos de dos meses. Algo difícil de comprender, una jugada política kafkiana, inserta en pleno periodo de entreguerras, de entreelecciones, pero que fuentes populares achacan a la necesidad de que "el pleno del Congreso se pronuncie".
"No lo echamos para atrás", defienden desde el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta en conversación con este periódico. "Suspendemos el requerimiento hasta que el pleno del Congreso se pronuncie, si es que se pronuncia. Nosotros denunciamos que es el pleno del Congreso el que debería de responder al mandato del pleno del Senado, y no se puede acudir al TC con una respuesta de la Mesa", defienden la jugada. ¿Es obligado el movimiento? "Se puede decir así, sí. porque entendemos que la respuesta de la Mesa no es válida. El órgano competente es el Pleno, y no la Mesa. Como así le hemos requerido a la presidenta [del Congreso, Francina] Armengol en diferentes ocasiones".
El debate de la cuestión apenas ha durado 40 minutos. Y fue Paloma Gómez, uno de los tres miembros de Vox en el Senado, quien abrió la espita de la crítica contra el PP, si bien la única por no haber continuado hacia adelante. Se abstuvieron UPN y Coalición Canaria. "Lamentamos mucho que el PP no lleve al Tribunal Constitucional el choque institucional del Senado con el Congreso de los Diputados. Es un ejemplo más de como el PP es incapaz de defender hasta el final el estado de derecho, la legalidad y la unidad nacional", cargó Gómez contra el grupo mayoritario. Para Vox, muy crítico con lo sucedido, el movimiento del PP convierte a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en un "cómplice" de Pedro Sánchez por no hacer "todo lo necesario" para frenar la Ley de Amnistía.
Tras Vox, todos los grupos de izquierda salieron en tromba, pero desde el otro prisma. La retirada del PP fue tachada por "tomadura de pelo" o "ridículo galáctico". Los populares se defienden: "Podríamos haber seguido adelante, pero sin esa garantía jurídica". ¿Su respuesta? Anunciar que estudian acciones legales contra los acuerdos de la Mesa del Congreso. "No entiendo nada", zanja un senador del PP en conversación con Vozpópuli sobre una remanguillé que, en el fondo, tiene una explicación. Génova ha echado el freno de mano y no acudirá al TC hasta que la norma esté aprobada, ya que un fallo en favor de las intenciones de Sánchez puede secar este cauce incluso antes de que la norma este aprobada.
"Se han saltado las normas"
"Si la Mesa del Congreso no cumple la ley, estudiaremos las acciones que en derecho nos pudieran corresponder contra los acuerdos de la Mesa del Congreso por impedir que el conflicto de atribuciones planteado por el Senado por la Ley de Amnistía sea debatido en el pleno de la Cámara Baja", ha anunciado el senador popular Antonio Silván. "Estamos aquí porque la Mesa del Congreso, sede de la soberanía popular al igual que el Senado, no ha cumplido con su obligación", ha defendido antes de denunciar que el bloque de investidura "se ha puesto la ley por montera" y "se ha saltado las normas".
Para el PSOE, lo sucedido no es más que "un esperpento y un claro ejemplo del uso particularista y autoritario del Senado por parte del PP". Ha sido el senador socialista y miembro de la Mesa del Senado Manuel Fajardo quien, sarcástico, ha dicho que el PP "tiene el derecho a cambiar el calendario de plenos, con su mayoría absoluta, y también a hacer el mayor de los ridículos que se recuerda". "No había conflictos de atribuciones sino la empanada mental del PP, que han actuado con las vísceras y no con la razón ni con las reglas de la experiencia parlamentaria", se ha regodeado. Los populares, mientras, niegan la mayor y defienden que "dejar en suspenso el conflicto no significa que renuncien" a dicho mecanismo constitucional. "La razón es esperar a que el Congreso conteste en sesión plenaria", ha manifestado Silván. "El pleno [del Congreso] es el órgano competente para responder al Senado, es quien tiene la capacidad y la competencia legal para contestarnos".