El PP bloqueará la tramitación de la amnistía en el Senado cuando la ley llegue a la Cámara Alta procedente del Congreso. Los populares harán valer su mayoría absoluta para que el texto no sea sometido a ningún tipo de votación en el hemiciclo y ya asumen un choque institucional sin precedentes que, apuntan, tendrán que resolver los tribunales.
Según explican a Vozpópuli dirigentes nacionales del PP, "la Ley va a seguir siendo inconstitucional aunque la apruebe el Congreso, no cambia de una Cámara a la otra" y, por tanto, "si nos oponemos a su tramitación en una Cámara, lo haremos también en la otra".
Efectivamente, en la mañana de este martes la secretaria general y portavoz de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, anunció que el PP se opondrá a la tramitación del texto registrado ayer por el PSOE, manteniendo el mismo criterio que hace dos años, cuando los populares, y entonces también los socialistas, bloquearon en la Mesa una iniciativa de Junts y ERC defendiendo la amnistía.
Lo que ha cambiado ahora, destacan en el PP, es la "opinión" del PSOE y, por ese motivo, la ley se tramitará en el Congreso porque en la Mesa presidida por Francina Armengol hay mayoría progresista. La "siguiente pantalla", eso sí, será en el Senado. "Y allí los que tenemos mayoría somos nosotros".
Hacia un choque institucional
Los cargos del PP contactados afirman que "una amnistía es una amnistía" y, a pesar de que existan diferencias entre la ley registrada ayer por el PSOE y la de Junts y ERC en 2021, "la amnistía no está en la Constitución y no hay folios suficientes que pueda presentar el PSOE que hagan constitucional la amnistía".
Tampoco convertirán en constitucional la ley las enmiendas al texto que puedan aprobarse en el Congreso de los Diputados y, por ese motivo, el PP rechazará la tramitación de la ley en el Senado, haya sido modificada o no, en el Congreso: "Una Mesa, ya sea del Congreso o del Senado, no puede aceptar la tramitación de una proposición de ley que esté fuera de la Carta Magna. Y actuaremos en consecuencia".
Una Mesa, ya sea del Congreso o del Senado, no puede aceptar la tramitación de una proposición de ley que esté fuera de la Carta Magna. Y actuaremos en consecuencia
Desde el PP asumen que esta decisión puede provocar un choque institucional entre las dos Cámaras y advierten que "estaremos preparados para ello". Una de las vías que podrían usar los populares para justificar ese veto es pedir un informe al letrado mayor del Senado que, salvo sorpresa, se opondría a esa tramitación.
Este paso, de hecho, ha sido defendido por Vox en los últimos días, para evitar que los órganos de gobierno del Congreso y del Senado "prevariquen". Los de Abascal, de hecho, ya han avisado que llevarán ante la Justicia a las Mesas de ambas Cámaras si permiten la tramitación de la Ley de Amnistía.
Desde el PP en el Senado destacan, en todo caso, que independientemente del informe del letrado mayor, "la última palabra la tiene la Mesa", donde los populares tienen mayoría. En base a ese informe, y también con la reforma del reglamento del Senado en la mano, el PP también puede anular el procedimiento de urgencia que quiere imponer Sánchez para aprobar la ley.
"Que se pronuncien los tribunales"
Que este asunto puede acabar en la Justicia, independientemente de que Vox cumpla con su amenaza de querellarse con los miembros de ambas Mesas que tramiten la ley, es algo que también el Partido Popular contempla, teniendo en cuenta el choque institucional que puede vivirse entre el Congreso y en el Senado.
En ese sentido, fuentes populares establecen alguna similitud con lo ocurrido hace casi un año, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del PSOE, vía enmienda, para cambiar el sistema de elección de magistrados del TC, y el propio Constitucional, tras un recurso de amparo presentado por el PP, frenara la votación en el Senado.
Los mismos informantes admiten que "lo que ahora se vota es una proposición de ley y no una enmienda", y que "el TC está ahora más tomado por el Gobierno". En todo caso, destacan desde el PP, "el choque institucional es el mismo, aunque de más magnitud", y, por ese motivo, "tendrán que pronunciarse los tribunales".
Este choque va a más, porque puede haber criterios diferentes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo respecto a la ley de amnistía
Sobre el papel, añaden, "interviene la institución que ve conflicto de constitucionalidad", en referencia al TC. En todo caso, apuntan, "este conflicto va a más, porque puede haber criterios diferentes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo respecto a la ley de amnistía". El choque institucional, por tanto, no será solo dentro del ámbito legislativo, sino también dentro del judicial.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación