El Partido Popular ha vuelto a cargar contra la instructora del caso de los discos duros en un recurso de 61 folios que ha presentado ante la Audiencia de Madrid pidiendo que se archive este procedimiento. En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los populares sostienen que la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, no debería haber confirmado el procesamiento de esta formación, de su tesorera Carmen Navarro, del jefe de servicios jurídicos Alberto Durán y del jefe de sistemas José Manuel Moreno, debido a que cuando lo hizo la instructora ya estaba recusada. "La magistrada instructora recusada debe abstenerse de realizar actuación alguna tanto en relación con la pieza separada de recusación como con la causa principal. Únicamente podrá, con arreglo a la Ley, informar sobre si está conforme o disconforme con la recusación planteada", recalca el PP.
Asimismo, la letrada de la formación popular sostiene que el auto dictado el pasado 23 de septiembre por Freire confirmando ese procesamiento "supone una flagrante infracción del procedimiento legalmente establecido y la consiguiente indefensión sufrida por esta parte debe ser inmediatamente corregida mediante el dictado de una nueva resolución que, acordando la nulidad radical del auto de 23/09/2016, acuerde reponer las actuaciones al estado procesal en que se encontraban en el momento de la presentación del escrito de 14/09/2016 promoviendo la recusación".
El PP sostiene que el auto de Freire se basa "exclusivamente" en las declaraciones de Bárcenas "para afirmar que en los discos duros de los portátiles había archivos personales"
Por otro lado, el PP expone un nuevo argumento en el recurso de apelación al señalar que "a lo sumo nos encontramos ante un conflicto civil que deberá ser dilucidado, en su caso, ante el orden jurisdiccional civil". Es decir, nada de delitos -ni daños informáticos ni encubrimiento- por la vía penal y sí un "conflicto" por la vía civil.
Además, en su escrito, los populares ensalzan el criterio de la Fiscalía de Madrid que ha pedido que se archive el caso de los discos duros del extesorero de la formación, Luis Bárcenas. "El auto –en referencia al auto de procesamiento- se aparta frontalmente del criterio de la Fiscalía, que no ha dado ninguna credibilidad a las declaraciones del Sr. Bárcenas dadas sus graves contradicciones dentro de este procedimiento y fuera del mismo. En efecto, el auto se basa exclusivamente en las declaraciones del Sr. Bárcenas para afirmar que en los discos duros de los portátiles había archivos personales".
El PP, "propietario" de los portátiles
En otro pasaje del recurso de apelación, el PP acusa a la juez de Plaza de Castilla Rosa María Freire de "ignorar" el hecho de que "sólo el Partido Popular ha sido capaz de acreditar, con las correspondientes facturas de compra, la propiedad de los ordenadores, si bien nunca recayó sobre él la carga de la prueba".
De la misma forma, el partido de Mariano Rajoy argumenta que el extesorero Bárcenas no mostró "el más mínimo interés" por recuperar los portátiles Mac y Toshiba durante los ocho primeros meses de 2013. "Teniendo en cuenta que el Partido Popular tenía el derecho de hacer con los ordenadores lo que estimase conveniente (en concreto, derecho a aplicar sobre los mismos el Protocolo de Borrado Seguro), la única cuestión relevante es si el Sr. Bárcenas mostró el más mínimo interés por la información contenida en dichos ordenadores. Y la respuesta es claramente negativa. El Sr. Bárcenas nunca reclamó de forma específica (con identificación expresa de los documentos: nombre de archivo, carpeta, etc.) archivo alguno, y pudo haberlo hecho, al menos, desde enero hasta agosto de 2013, fecha en la que se puso en conocimiento de la Audiencia que los discos habían sido destruidos", recalca la abogada María Massó.
"¿En qué puede beneficiar al Partido el formateo de esos supuestos datos personales del Sr. Bárcenas? Evidentemente en nada. El formateo de una supuesta información sobre cuentas en Suiza, unas fotos de unos cuadros, un listado de operaciones de compraventa de cuadros, música, evidentemente en nada puede beneficiar al Partido Popular, ni directa ni indirectamente", recalca la defensa de los 'populares'. Ahora, será la Audiencia Provincial de Madrid la que tenga la última palabra y confirme dicho procesamiento o, por el contrario, lo revoque.
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