El PP está dando todos los pasos en el Congreso para frenar la Ley de Amnistía, aunque ya mira hacia el TC. Los populares advierten que si PSOE y Sumar mantienen en la Mesa la tramitación de la norma y el letrado mayor no se abstiene, el siguiente paso será presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. Hasta entonces, advierten, "estamos generando actos administrativos cuya respuesta por parte de la mayoría de la Mesa puede tener consecuencias".
Así de contundentes se muestran desde el Grupo Popular después de que el órgano de gobierno de la Cámara Baja rechazara ayer la petición del PP de no tramitar la ley pactada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y la recusación de Fernando Galindo, que el pasado 3 de noviembre fue nombrado letrado mayor del Congreso después de haber ocupado los cargos de director general de Cooperación Autonómica y Local y subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de Sánchez.
Según explican desde la bancada popular, "no nos contestaron, ni en tiempo ni en forma, a la recusación, sino de viva voz en la Mesa" Desde el PP recuerdan, en este sentido, que "habíamos solicitado la anulación" de la tramitación" y, sin embargo, "el informe del letrado mayor fue notificado en el orden del día de la reunión de la Mesa".
El letrado mayor y su mujer, en el foco
El informe de Fernando Galindo, que avala la tramitación de la Ley de Amnistía al no apreciar "palmaria inconstitucionalidad", carece de "credibilidad", en opinión del PP, por el "cuestionamiento" a la imparcialidad del letrado mayor. En ese sentido, los populares recuerdan que en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, por el que se rige el letrado mayor de la Cámara, se especifica, en su artículo 58, que los empleados de la Cámara se deben "al estricto, imparcial y diligente cumplimiento de las obligaciones propias del puesto o cargo que ocupen, colaborando con sus superiores y compañeros y cooperando a la mejora de los servicios".
A ese artículo hay que sumarle el 103.3 de la Constitución, donde se establece que "la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones".
Para el PP, la petición de la recusación de Galindo, atendiendo a su trabajo en el Gobierno de Sánchez, "no supone poner en duda su profesionalidad", pero sí el inicio del "procedimiento administrativo" para que cualquier decisión de la Mesa, incluida la calificación de la Ley de Amnistía, no siempre dudas de "parcialidad". En este sentido, los populares advierten que la propia calificación del texto "ya es un acto jurídico" que puede traer consecuencias.
Las fuentes consultadas recuerdan, además, que "fue el propio Gobierno el que contaminó este texto", al afirmar Bolaños "que era un proyecto de ley que se vehiculiza a través de la proposición de ley". Unas declaraciones que también 'implican' a la mujer de Fernando Galindo, Mercedes Cabrera, que trabajó a las órdenes de Bolaños como directora general de Relaciones con las Cortes.
Los de Feijóo lo tienen claro: "El señor Galindo tendría que inhibirse", tanto por su vinculación al Gobierno como la de su mujer. Y añaden: "No vale con cesar dos días antes". Desde el PP advierten, además, que "la jurisprudencia avala con que solo con que existan dudas de imparcialidad cualquier procedimiento administrativo se pare".
El informe de los indultos
Más allá de la recusación del letrado mayor, el PP ha solicitado la reconsideración de la Mesa a la decisión de permitir la tramitación de la Ley de Amnistía. Los populares afirman que existen "argumentos muy sólidos para su no admisión" pero destacan, por encima de todos, que el propio Gobierno dejó por escrito que la amnistía es inconstitucional: "En 2021, en el informe de los indultos, en su página 30, el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del TC, Juan Carlos Campo, afirmó la amnistía es inconstitucional".
Los populares recuerdan, además, que en la legislatura pasada una propuesta idéntica fue rechazada: "Ante un mismo objeto y unos mismos hechos, no puede haber conclusiones diferentes. Mantenemos que al igual que la legislatura pasada, quien prohíbe lo menos (indultos masivos), prohíbe lo más (la amnistía)".
Una vez acabada la vía parlamentaria, iremos a la vía judicial a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
En este sentido, los populares apuntan a la Constitución: "Es la que prohíbe la amnistía y reserva al poder judicial la capacidad de juzgar". Por tanto, advierten, "una vez acabada la vía parlamentaria, iremos a la vía judicial a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".
