Un goteo de 33 inmigrantes irregulares cada 45 minutos en Canarias. El pacto de hierro dulce firmado en verano de 2023 en Canarias entre CC y PP podría estar comenzando a generar los primeros sinsabores. Es producto de la ambigüedad con la que los populares están manejando en las islas el asunto de la concentración en 88 espacios insulares a cerca de 7.000 menores llegados en cayucos desde Africa subsahariana. 86 millones de euros al año que, a tenor de Las previsiones de Frontex, podría llegar ser de 173 millones de euros si llegan 110.000 irregulares hasta diciembre.
Cuando CC busca una solución lógica el PP atiza al PSOE hablando de teorías de la conspiración sobre si Pedro Sánchez anda con acuerdos inconfesables con Marruecos cuando en las islas el problema es subsahariano, las cosas andaluzas son otro problema pero no el que existe en las islas.
La reacción de los nacionalistas canarios ha sido tomar ellos el control de las conversaciones con el PP en Madrid. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha convertido en el pegamento para que PSOE y PP sellen un acuerdo sobre reparto de menores llegados a las islas en cayucos procedentes de África subsahariana. Clavijo quiere en España el mismo esquema en cascada que hay en la UE modificando el artículo 83 de la Ley de Extranjería.
Reubicar a 30.000 inmigrantes al año
En los territorios donde gobierna el PP con el respaldo de Vox está pasando lo mismo que Hungría con el resto de la UE. El pacto sobre asilo y migración prevé, entre otros, la reubicación de al menos 30.000 inmigrantes cada año. Los Estados miembros que no acepten esos traslados a su territorio deberán pagar 20.000 euros de contribución por cada migrante no acogido o prestar apoyo operativo y técnico. La ley no prevé sanciones sino que haya un mecanismo automático de derivación.
Con la mediación de Clavijo en Madrid PP, CC y PSOE han llegado a un acuerdo para el reparto por la Península una vez que Canarias llegue a un tope de 3.000 menores. Actualmente hay una cifra cercana a los 7.000 menores no acompañados. Lo cierto es es que en las islas no hay problemas con los menores subsaharianos y la ciudad de Las Palmas se ha ubicado como la segunda más segura de España, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional. Otra cosa son los menores marroquíes del Rif, básicamente, que suelen ser experimentar comportamientos tribales en la calle; pero la cifra que se percibe en las calles son reducidas.
Vox amenaza al PP
Esta propuesta, trasladada ya a los grupos parlamentarios del Congreso y que será presentada en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar en las próximas semanas en Canarias, ya ha sido rechazada por el Govern de Cataluña y por partidos como Vox.
La formación de Santiago Abascal amenazó el jueves con llegar incluso a romper sus gobiernos autonómicos en coalición con el PP en el caso de que los populares acepten la reforma legal.
El propio Abascal no ha mencionado este detalle en concreto, pero este viernes ha advertido al PP de que aceptar el reparto de migrantes en las comunidades donde gobiernan ambas formaciones “iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales”, y se ha dirigido específicamente a los gobiernos autonómicos.
“Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con el compromiso de nuestros votantes, cumpliremos nuestra palabra”, ha dicho.
Antes de estas palabras de Abascal, y con la amenaza de ruptura de los gobiernos autonómicos sobre la mesa, Feijóo ha garantizado este viernes que todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, en solitario o con Vox, seguirán cumpliendo con su obligación de solidaridad en la acogida de menores migrantes.
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