El nuevo Gobierno de coalición del PP y Vox en Castilla y León se ha estrenado este jueves con la aprobación de un plan anticrisis dotado de 470 millones de euros, a la vez que ha pedido al Gobierno central adoptar medidas que servirían para sumar otros 335 millones a este paquete, que "genera más derechos económicos y sociales para todas las personas", en palabras del presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
Acompañado en la sala por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), que ha preferido no hacer declaraciones, y por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como principal coordinador de las medidas incluidas en el plan, Mañueco ha defendido que se trata de una iniciativa de todo el Gobierno cuyos integrantes asumen "con naturalidad y cordialidad": "olvídense del gobierno en funciones" y de la existencia de dos partidos en el Ejecutivo, ha planteado.
En este sentido, Mañueco ha asegurado que estas medidas han sido trabajadas por el PP y Vox "en paralelo" al resto de negociaciones para la formación del gobierno y ha sostenido que la relación entre ambos socios es "absolutamente cordial, constructiva, con ánimo integrador" porque tienen "claro el objetivo" de actuar "con eficiencia, cercanía y rapidez".
Rebaja en el IRPF
De entre las 75 medidas y 20 ejes incluidas en el plan destaca la bajada del primer tramo del IRPF en su parte autonómica -era una promesa electoral del PP-, que pasa del 9,5 al 9 por ciento y que tendrá un impacto anual de 20 millones menos de recaudación -80 en caso de completarse la legislatura de 4 años-, y unos 35 euros de ahorro anual para cada contribuyente.
El consejero de Economía y Hacienda ha recordado que esta reforma fiscal debe hacerse mediante un proyecto de ley, que pretenden tramitar de forma "inmediata", aunque han reconocido que tendrá su efecto práctico cuando los contribuyentes hagan su declaración de la renta en 2023, cuando se liquidan los ingresos y aportaciones del año en curso.
Mañueco ha sostenido que esa rebaja del IRPF en el tramo autonómico deja a la Comunidad con el segundo tipo mínimo del conjunto autonómico, que además supone el inicio de "la mayor bajada de impuestos" de la historia de la Comunidad que ha planteado para esta nueva etapa. Además del IRPF, el plan recoge otras rebajas fiscales para el medio rural por 15 millones de euros y 275.000 beneficiarios; y tres meses en los que los que no tendrán que pagar las tasas de titularidad autonómica ni el colectivo de transporte en carretera ni los servicios veterinarios, con un impacto de medio millón de euros.
Otra medida recoge 45 millones de euros en ayudas para las familias vulnerables de la Comunidad, en coordinación con las corporaciones locales, para ayudar a las familias que peor lo están pasando.
Demandas fiscales al Gobierno
"No es presentable recaudar de más mientras las familias y las empresas están sufriendo", ha espetado Mañueco para defender las reivindicaciones de rebajas fiscales al Gobierno central y que, según ha remarcado, implicarían una merma en las arcas autonómicas de 260 millones de euros, que se podrían sumar al plan anticrisis en caso de ser aprobadas por el Ejecutivo.
En concreto, Mañueco ha reivindicado una rebaja en el impuesto de la electricidad -100 millones-, junto la aplicación de un IVA superreducido para la electricidad y el gas, además de otras medidas como la demanda a la UE para poder rebajar el IVA sobre los combustibles, y también la dotación de un fondo específico para financiar la atención de los refugiados procedentes de Ucrania, con una reserva de 10 millones autonómicos para este fin.
Con lo que ya cuenta la Junta y lo incluye en el apartado de gastos asociados a este plan anticrisis es con los cerca de 200 millones de euros procedentes de la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la mensualidad del IVA impagada por el Gobierno central en 2017 y que ya ha sido ingresada.
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