Las elecciones generales del pasado 23-J devolvieron al independentismo catalán al epicentro político. Y con ellos, el referéndum de independencia. Tras finalizar el escrutinio y el posterior conteo del voto CERA, el bloque de la derecha quedó 1 escaño por delante del bloque de izquierdas, lo cual cambió ligeramente el panorama de cara a la investidura que Pedro Sánchez intentará a la vuelta de vacaciones.
La reedición del Gobierno de coalición pasaba por un pacto entre PSOE (122), Sumar (31), ERC (7), Bildu (6) y PNV (5), además de la abstención de Junts (7). Sin embargo, el escaño que el PP ganó en Madrid con el voto internacional a costa de los socialistas hace que la formación encabezada por Puigdemont deba decir sí en el Congreso para investir presidente a Sánchez.
La política es muy caprichosa. En las elecciones con peor resultado para los partidos nacionalistas o independentistas (a excepción de Bildu, que subió de 5 escaños a 6), son ellos, precisamente, los que tienen hoy más que nunca el poder en sus manos. No importa que ERC haya bajado seis diputados o el PVN y Junts otro, si la llamada España plural quiere sumar, se deberá atender a los ruegos y peticiones que se impongan desde Cataluña.
El pasado fin de semana contamos en Vozpópuli cuáles pueden ser dichas exigencias, entre las que se encuentran tres por encima del resto. La primera, el indulto a Puigdemont para que este pueda abandonar Waterloo y regresar a España. En segundo lugar, una inyección de hasta 20.000 millones de euros para Cataluña. Por último, la más importante: la celebración (legal) de un referéndum de autodeterminación.
Un plebiscito que decidiría el futuro de ocho millones de catalanes, y del cual no hay precedente ninguno en la historia de la democracia española. Lo que sí hubo, como bien sabrán, fue el referéndum ilegal del 1-0 del 2017, que acabó, semanas más tarde, con la fallida declaración unilateral de independencia. Un movimiento político que dejó a Oriol Junqueras y otros nueve políticos catalanes más en prisión. El que escapó del encierro fue el fugado Puigdemont, que huyó a Bélgica, país en el que todavía reside.
¿Cuánto costaría un referéndum?
Si Pedro Sánchez acepta las condiciones que impondrán ERC y Junts, varias preguntas se sitúan encima de la mesa. Al margen de saber cuándo y bajo qué condiciones se celebraría dicho referéndum, ¿cuánto le costaría al Estado español conceder este tremendo capricho electoral al independentismo catalán?
A la hora de ponderar el posible gasto del plebiscito, hay dos sucesos pasados con los que dibujar una hoja de desembolsos. El primero, por supuesto, el referéndum ilegal de 2017. Según acreditó la Guardia Civil en su informe, del mismo modo que aparecía en el auto de procesamiento del Juez Llanera, la Generalitat gastó, como mínimo, 1,6 millones de euros en la votación.
Del millón y medio, 979.661,96 euros fueron destinados a los nombramientos de componentes de mesas electorales y tarjetas censales. Los 502.639,61 euros restantes sirvieron como gasto en publicidad en los distintos medios de comunicación y registro de ciudadanos catalanes en el extranjero para la emisión del voto. Ambas cantidades sin sumar el IVA. Meses después, la Guardia Civil aumentó en 1,2 millones el gasto estimado por la rehabilitación de una nave que desde la investigación se creía que sería usada como call center en la jornada de votación del 1 de octubre.
Además, el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cifró en 87 millones de euros el gasto derivado del despliegue de los 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados a Cataluña entre 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2017. Este dinero se dividió en desplazamientos, alojamiento, dietas, productividades y manutención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cantidades absolutamente desorbitadas para un referéndum ilegal.
El caso de Escocia
El segundo de los referéndums cuyo gasto hemos querido analizar es el realizado en Escocia en 2014. Dos matices claves. Fue una consulta legal, amparada bajo la legalidad de Reino Unido. Además, los datos y la transparencia por parte del Gobierno fue máxima. Ellos mismos dieron todos los datos de gastos y participación.
Según explicó el ex primer ministro escocés, John Swinney, la consulta llevada a cabo en 2014 en Escocia tuvo un coste de 15,8 millones de libras (21,6 millones de euros). Fuentes gubernamentales explicaron que se disparó el gasto por la enorme participación que tuvo el referéndum.
Esto obligó a imprimir muchas más papeletas, además de contratar personal extra para acelerar el escrutinio. Desglosado el total, los centros electorales y los gastos administrativos se llevaron la mayor parte del presupuesto del referéndum.
Evidentemente, la vía escocesa es más barata, porque no implica un gasto extremo en fuerzas de seguridad adicionales para frenar una ilegalidad manifiesta como la de 2017 en Cataluña. Todo eso es redundante, pues en España no hay amparo constitucional posible para un referéndum de autodeterminación. Veremos si Pedro Sánchez acaba cediendo ante Junts con tal de gobernar, pero tengan ustedes claro que, de llevarse a cabo, lo vamos a pagar entre todos los españoles.
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