Los siete magistrados que juzgan la causa del procés en el Tribunal Supremo han llegado a un acuerdo unánime: condenar por sedición a varios de los líderes del proceso separatista de Cataluña. La decisión despeja la incógnita principal tras cuatro meses de juicio. La sentencia, sin embargo, tendrá que responder varias cuestiones que generaron controversia durante las 52 sesiones. En una resolución histórica que se prevé extensa y minuciosa, estas son algunas de las dudas pendientes de resolver.
Años de prisión
Hasta ahora, no han trascendido los años de prisión de los procesados. La Abogacía del Estado, que en el juicio defendió que se había cometido un delito de sedición, pidió penas de hasta 12 años de cárcel en el caso del exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras al incluir también la malversación.
Las penas por sedición cometida por cargos públicos varían entre los 10 y 15 años de prisión e inhabilitación abosulta por el mismo periodo, según estable el Código Penal; las de malversación oscilan entre los cuatro y los ocho años de cárcel e inhabilitación de hasta 20 años.
Según adelantaron El Español y El Mundo, tres de los 12 acusados -Santiago Vila, Carles Mundó y Mertixell Borrás- serán previsiblemente condenados por desobediencia, un delito que no acarrea pena de cárcel.
Permisos carcelarios
La decisión del tribunal sobre los años de prisión será clave para la acción de las defensas que, tras casi dos años de prisión preventiva, podrán solicitar permisos carcelarios o el régimen de semilibertad.
Por ley, y al estar recluidos en centros penitenciarios catalanes, la encargada de conceder dichas autorizaciones es la Administración Penitenciaria de Cataluña. Los que sean condenados a 12 años de prisión podrán recibir permisos de salida a finales de 2020, momento en el que se cumple un cuarto de la condena (tres años).
La Fiscalía del Supremo, sin embargo, pidió al tribunal en su escrito de conclusiones aplicar el artículo 36.2 del Código Penal para establecer excepciones en el apartado de permisos penitenciarios. En concreto, requirió que no se conceda el tercer grado penitenciario hasta que el condenado cumpla la mitad de la pena. Es decir, que los que sean condenados a 12 años de prisión deberán permanecer recluidos, al menos, hasta 2023.
El papel de los Mossos
Además de dar respuesta a los doce líderes procesados, la sentencia deberá aclarar, de forma definitiva, si los Mossos d'Esquadra dejaron de actuar el 1-O de forma deliberada, y con ello permitir que se llevara a cabo el referéndum ilegal.
Para el Ministerio del Interior, el papel desempeñado por la policía autonómica catalana fue “una estafa”. La inmensa mayoría de policías y guardias civiles que declararon ante el tribunal coincidieron en denunciar la pasividad de los Mossos.
Por su parte, el exmayor Josep Lluís Trapero -pendiente de juicio por estos hechos- se desvinculó del proyecto político de la Generalitat: "Nos hubiese encantado que hubiese más resultados, pero son los que pudimos hacer entre todos". Trapero justificó los problemas en el operativo de los Mossos en torno a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 a "malentendidos" con la Guardia Civil.
Estas declaraciones fueron antagónicas a las presentadas por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El coordinador de la actuación policial contra el referéndum ilegal del 1-O acusó a los Mossos d’Esquadra de propiciar de facto la ocupación de lo colegios electores y facilitar así la celebración del referéndum que la Justicia les había ordenado impedir.
Ninguneo a Vox
La sentencia servirá también para medir la incidencia de Vox en un juicio en el que el partido pasó desapercibido ejerciendo la acusación popular. Su participación estuvo marcada principalmente por los conflictos que generaban al tribunal los testigos cuando se negaban a contestar a sus abogados; y por errores sonoros como dejar pasar la declaración del exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero -solicitada por el partido- sin preguntarle por sus reuniones entre Junqueras e Interior.
La formación que lidera Santiago Abascal pidió hasta 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal, una cifra muy exagerada si se tiene en cuenta la petición del Ministerio Fiscal.
Fuentes jurídicas han hecho hincapié en la importancia que los magistrados den al papel desempeñado por esta acusación popular, que participó en el juicio mientras se desarrollaba la campaña electoral. Será un elemento clave para la Justicia europea, algo que sabe perfectamente el tribunal.
El rol del Gobierno
A la lista de cuestiones a responder se suma también la explicación del papel del Gobierno de Mariano Rajoy durante el procés, especialmente en la etapa final. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría echó balones fuera y explicó que, como miembro del Gobierno, no diseñó los dispositivos policiales. "No estoy ni capacitada ni soy competente ni tengo experiencia para decidir cuantos agentes son necesarios, porque en mi vida he diseñado un operativo policial", dijo.
También se deberán despejar las dudas sobre la mediación del lehendakari, Iñigo Urkullu, que en su declaración explicó que su labor de mediador comenzó después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont le trasladara, el 19 de junio de 2017, la situación de "bloqueo absoluto" en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central de Rajoy.
Imputados por falso testimonio
Otra duda es si habrá imputaciones por falso testimonio. Esta opción se barajó ante varios testigos que presentaron declaraciones inverosímiles que llevaron al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a advertir de las consecuencias que podrían acarrear en caso de faltar a la verdad.
Euroorden contra Puigdemont
Una vez desvelada la sentencia, la Fiscalía del Tribunal Supremo reactivará la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra el resto de exconsellers fugados, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Vozpópuli.
La última palabra la tendrá el juez instructor de la causa en el Supremo, Pablo Llarena, que hace más de un año retiró la euroorden cuando, tras la detención de Puigdemont en Alemania, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein contestó que sólo entregaría al líder catalán por un delito de malversación y no por los de rebelión, sedición y desobediencia por los que estaba siendo reclamado.
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