La corrupción lleva años siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, solo por detrás del paro. Sin embargo, esa preocupación parece estar cayendo en cierta medida en un saco roto. Al margen del calvario que afrontan muchos denunciantes ante la falta de una ley que les proteja, lo cierto es que la sociedad en su conjunto parece estar echando poca mano de una de las principales herramientas de la que dispone para prevenir la corrupción: el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Así lo denuncian desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que hacen hincapié en el "muy bajo" número de solicitudes al Portal en el tiempo que lleva en funcionamiento. Las 14.867 solicitudes registradas en tres años y medio (hasta el pasado mes de julio) contrastan con las cerca de 56.000 que recibió el homólogo mexicano en sus primeros 16 meses de vida, las 37.000 del chileno en su primer año o las 38.000 solo dirigidas al Gobierno central del británico en su año de estreno, según recoge la periodista Mariela Rubio.
"El derecho a saber ha calado poco y muy probablemente sea por mero desconocimiento. La campaña a nivel institucional el primer año fue pequeña e insuficiente y luego no ha habido mayores campañas de concienciación, lo que se ha traducido en muy pocas solicitudes", dicen a Vozpópuli desde el Consejo de Transparencia.
Según datos del CTBG, la mitad de los españoles desconoce que exista una ley de Transparencia y "los que la conocen desconocen en buena medida su contenido esencial". "La ley que tenemos es mejorable pero el mayor desafío que tenemos está en que la propia sociedad sea más consciente de la ley y su importancia", ha dicho a este periódico su subdirector general Javier Amorós.
Otros factores
El desconocimiento, en cualquier caso, no sería el único factor que está atenuando el impacto de la Ley de Transparencia y su Portal. Según el citado informe de Mariela Rubio, los periodistas también 'usan poco' el Portal y no por desconocimiento: la gran mayoría lo ha visitado alguna vez pero no todos consideran que ofrezca información útil; pocos lo han utilizado para hacer alguna solicitud y muy pocos han acabado haciendo uso de esa solicitud para sus informaciones.
"Pasados cuatro años de la aprobación de la Ley, todavía no tenemos un reglamento que la desarrolle y concrete; hay mucho espacio para la discrecionalidad", explica Jesús Lizcano de Transparencia Internacional. En efecto, el elevado número de excepciones para dar información y la 'arbitrariedad' son el principal factor limitante que citan los periodistas.
El segundo es la falta capacidad sancionadora del CTBG respecto a las instituciones que se nieguen a dar la información - cada año se produce una media de 25 pleitos por negaciones de las instituciones y empresas públicas -, algo que el CTBG lleva tiempo reclamando que se modifique. El tercero pasa por los tiempos de demora - de un mes aproximadamente - y el cuarto por el número de instituciones afectadas. En cualquier caso, el CTBG ha asegurado a este medio estar trabajando con la mitad del personal necesario para auditar el universo ya exigido por la Ley.
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