Por primera vez en cinco años, reinó el optimismo en los tradicionales 'corrillos' que se celebran tras el acto de apertura del año judicial. Si en anteriores ejercicios el tema central en las conversaciones era el bloqueo en el CGPJ, en este había un sentir general casi unánime de cierto alivio por el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Tribunal Supremo. "Es un balón de oxígeno", defendió uno de los presentes.
El acto, que como viene siendo habitual presidió el rey Felipe VI, estuvo marcado por el discurso de la presidenta que fue especialmente escueto y directo y que giró en torno a dos ideas: el reconocimiento a las mujeres que han luchado para visibilizar su trabajo, y su aviso velado al Ejecutivo para que respete la independencia y la honra de los jueces.
Al término del mismo, la cúpula de la carrera judicial y fiscal se trasladó, como manda la tradición, al salón de los pasos perdidos. Una vez allí, y en un ambiente más distendido, las conversaciones tuvieron una clara protagonista: Isabel Perelló. Magistrados, fiscales y actores políticos aprobaron esta primera intervención de Perelló, de quien destacaron su nerviosismo y su carácter independiente.
Un nuevo ciclo
Hasta el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no ha conseguido imponer sus opciones para presidir el Tribunal Supremo, se felicitó de su nombramiento. Todos los allí presentes buscaban a la nueva presidenta del CGPJ, la cual ya ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que lidera la cúpula judicial.
La hasta ahora magistrada de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal encajó con éxito la abrumadora acogida, aunque reconoció en la intimidad que su nombramiento no era algo esperado. Tanto es así que el discurso que pronunció este jueves lo terminó de redactar ella misma a las 4.00 horas de la madrugada.
Aunque en menor medida también fueron protagonistas del acto los nuevos 20 vocales del CGPJ. Tanto progresistas como conservadores afrontan con ilusión esta nueva etapa que está marcada por la urgente necesidad de renovar la cúpula del Poder Judicial. A día de hoy hay más de cien plazas vacantes en tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales y Tribunal Supremo pendientes de renombrar.
Sin embargo, las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, donde ya hay 29 plazas pendientes de designar. En su primer pronunciamiento público, Perelló ha pedido a los "poderes del Estado" que eludan cualquier injerencia en el trabajo de los jueces, pero desde el Partido Popular y el PSOE se sigue muy de cerca este proceso de renovación, por la influencia que tendrá en la cúpula de la judicatura.
Los nuevos vocales del CGPJ
En ese sentido, vocales progresistas ya avanzan que mantendrán sus exigencias acerca de la inclusión de mujeres en estos puestos. Los conservadores, por su parte, parecen respirar aliviados al tratarse de designaciones que controlará una mujer progresista moderada que no agrada a Moncloa. No obstante, prácticamente ninguno espera que este sea un trámite sencillo.
Con todo, y en paralelo a la aplaudida renovación en la judicatura, otro de los temas candentes en los 'corrillos' fue la posible imputación del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz fue el primero en tomar la palabra en el acto. Lo hizo para presentar la memoria anual de la Fiscalía y para proponer públicamente la limitación del ejercicio de las acusaciones populares.
El fiscal general, que está a un paso de ser investigado en esta misma casa por presunta revelación de secretos, recordó la eterna reivindicación de que los fiscales asuman la instrucción de las causas y solicitó ante el ministro de Justicia una reforma legal para frenar a acusaciones populares que impulsan procedimientos penales como ha ocurrido con su propio caso, el de Begoña Gómez o en el de David Sánchez.
Este reclamo también fue objeto de comentario, aunque muchos de los allí presentes no ocultaron su preocupación por una posible apertura de diligencias en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Al respecto, se palpó cierto nerviosismo ante el pronunciamiento de la Sala Segunda, que se espera para un futuro cercano.
El futuro del fiscal general
El alto tribunal tiene que responder a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que solicitó actuar contra García Ortiz por la divulgación de información sobre la causa que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y quien ha reconocido la comisión de delitos fiscales.
García Ortiz asumió su responsabilidad en la orden para difundir estas conversaciones entre abogado y fiscal asegurando que lo hizo para desmentir informaciones que apuntaban que la Fiscalía propuso un pacto al empresario. La realidad es que de las mismas se desprende que fue al revés, si bien este hecho podría costarle una imputación por revelación de secretos.
A pesar de ser protagonista involuntario en algunas de las conversaciones, el fiscal general se mostró tranquilo y departió con muchos de los allí presentes. De hecho, fue la última autoridad en abandonar el acto con el que el Poder Judicial marca un nuevo rumbo.
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