La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dado la orden a los servicios jurídicos de la Cámara catalana de hacer un certificado de inmunidad para la diputada de la CUP, Laia Estrada, con el fin de que los Mossos d'Esquadra no puedan ejecutar la orden de captura tras no comparecer ante los juzgados para declarar como investigada por presuntos desórdenes públicos en la protesta por el Consejo de Ministros de 2018 en Barcelona.
El Juzgado de Instrucción 6 de Tarragona ha ordenado detener a la diputada 'cupaire' después de que en dos ocasiones no se ha presentado a la citación. Pero la presidenta del Parlament ha informado mediante las redes sociales que había solicitado un certificado oficial "conforme es diputada". "El artículo 22 de nuestro reglamento te reconoce la inmunidad. Establece en que este mandato los diputados no pueden ser detenidos si no es en caso de delito flagrante", detalla Borràs.
Estrada puede ser detenida durante el día de hoy, incluso durante la sesión plenaria que se está desarrollando. La propia implicada afirmaba en redes que "no quiere colaborar con una justicia que criminaliza la protesta" y señalaba a los Mossos d'Esquadra por sus "atestados fantasiosos".
En una providencia consultada por Europa Press, la jueza pide la detención policial de Estrada para llevarla al Juzgado y tomarle declaración, que es la única diligencia que falta para terminar la instrucción de la causa.
En diciembre, al no acudir a una de las citaciones, Estrada explicó que lo hacía usando su "derecho a no colaborar con una justicia que cuando se trata de perseguir el independentismo o la disidencia política no tiene ningún tipo de problema para tirar adelante causas que no se aguantan por ningún sitio".
Protesta contra el Consejo de Ministros
En declaraciones a las puertas del Parlament, Estrada ha explicado que la orden de detención se ha cursado "por no haber comparecido voluntariamente" en dos ocasiones para declarar ante el juez por haber participado en las protestas por la celebración del Consejo de Ministros en Cataluña en diciembre de 2018.
"En las protestas en Tarragona en las que yo participé nos dedicamos a andar muchísimo y no hubo ningún tipo de desorden ni violencia. Pero a mi y a otras personas nos imputan delitos de desórdenes públicos, lo que implica violencia", ha lamentado.
Según Estrada, las militantes de la CUP, especialmente las que son electas, decidieron no comparecer ante procesos que derivan "de atestados totalmente fantasiosos elaborados por Mossos d'Esquadra que distorsionan la realidad".
En su opinión, esta causa se podría haber archivado como ya pasó cuando decidió también no comparecer voluntariamente a declarar, acusada por desórdenes públicos, por participar en la huelga del 3 de octubre y el 3 de noviembre de 2017.
También ha explicado que la causa está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras haber pasado por el juzgado de instrucción de Tarragona, y ha querido destacar: "Ahora mismo, que estoy ejerciendo como diputada en el Parlament, hay muchos agentes. Si me quieren venir a detener, hagámoslo rápido y acabemos con esta historia".
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