El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, ha seguido la senda marcada en los últimos años por su antecesor, Carlos Lesmes, y ha instado a la clase política a desbloquear "de urgencia" un CGPJ que trabaja en funciones desde diciembre de 2018. Del mismo modo ha pedido que cesen los ataques a la independencia del Poder Judicial asegurando que los jueces no son "poleas de transmisión de la agenda política".
Durante su discurso en el marco del acto de apertura del año judicial, Marín ha expresado que el estado del Supremo es "desolador" debido a que en la actualidad ascienden ya a 23 las plazas vacantes que el CGPJ no puede nombrar por encontrarse en funciones. "No proceder a la renovación del CGPJ no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida", ha dicho.
Marín ha resaltado la ausencia de un presidente titular y de un vicepresidente, situación anómala que se extrapola también al Consejo General del Poder Judicial, presidido de manera interina por Vicente Guilarte. "¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hayan mermados en más de un 30%?", se ha preguntado.
"Efectos devastadores"
En presencia del Rey, Marín -también presidente de la Sala Civil del Supremo- ha recordado la dimisión de Carlos Lesmes en octubre del año pasado, la cual anunció él mismo precisamente en el acto de apertura judicial del pasado año. El entonces presidente del TS y del CGPJ pidió a la desesperada un acuerdo entre PP y PSOE que permitiera la renovación del CGPJ y advirtió de las consecuencias de no lograrlo.
Al respecto Marín ha dicho que esa falta de impulso de la clase política no evitó el "gravísimo daño" provocado al Poder Judicial y condujo a la que "sin duda pasará a la historia como uno de los episodios más tristes de la historia constitucional". La salida de Lesmes provocó un "movimiento sísmico institucional con efectos devastadores" para la Justicia.
El fiscal general: "La Justicia no es patrimonio de nadie"
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García, ha aludido en su discurso a la ley del 'solo sí es sí' que impulsó la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. El fiscal general ha defendido que esta norma (que enmendó el Gobierno ante el auge de rebajas de penas a violadores) ha supuesto un "trascendente cambio" de la regulación de los delitos contra la libertad sexual.
En su primer discurso como fiscal general del Estado (el año pasado fue ausencia tras contagiarse de covid) ha aprovechado para defender la actuación de la Fiscalía tras la entada en vigor de la norma estrella de Igualdad. Al respecto ha elogiado el criterio que dictó para el resto de fiscales y que pasaba por no pedir la rebaja de las condenas siempre y cuando la pena del condenado encajar en la nueva redacción.
Aunque el Tribunal Supremo tumbó parte de sus recursos confirmando el criterio de las Audiencias Provincias, García ha defendido durante su intervención el criterio de la Fiscalía. "Nosotros ofrecemos a los tribunales una tesis jurídica, rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos", ha dicho.
En su discurso no ha hecho alusión alguna a la ley de amnistía que pide Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pese a que así se lo ha demandado la asociación mayoritaria de fiscales. García no ha entrado en ese campo y se ha limitado a dejar caer que la Justicia "emana del pueblo y no es patrimonio de nadie".
El acto, presidido por el Rey Felipe VI, ha contado con la presencia de la cúpula del Poder Judicial (como los vocales del CGPJ o magistrados del Tribunal Supremo), además de portavoces de las asociaciones judiciales, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
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