El Gobierno catalán no renuncia a que los presos condenados por sedición puedan pisar la calle el próximo febrero, pese a los informes en contra del indulto de la Fiscalía del Tribunal Supremo o a una posible demora de los mismos. Fuentes gubernamentales explican a Vozpópuli que en febrero todos los condenados habrán alcanzado "una cuarta parte de la condena" y, en consecuencia, podrán aspirar al tercer grado o a permisos para salir en libertad.
Antes de la revocación del tercer grado por parte del tribunal sentenciador, solo los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez -condenados a nueve años de cárcel respectivamente- habían superado este límite. A partir del segundo mes del nuevo año 2021, sin embargo, también el resto de políticos encarcelados habrán cumplido una cuarta parte de sus condenas.
Una vez cumplido este tiempo, se puede pedir la calificación en tercer grado, aunque también hay que cumplir una serie de "requisitos personales y de reinserción", advierten fuentes jurídicas consultadas. No obstante, el plan del Ejecutivo catalán es que si se tumba otra vez este régimen de semilibertad, puedan acceder a permisos puntuales para salir de prisión.
Como informó Vozpópuli, la Abogacía del Estado allanó esta posibilidad al renunciar a ejercer la acción civil por el delito de malversación al derivarlo al Tribunal de Cuentas, dado que uno de los requisitos para obtener beneficios penitenciarios como el tercer grado es haber pagado la responsabilidad civil. En este caso no había dicha responsabilidad civil al haberlo derivado a través de otro procedimiento judicial.
Campaña electoral
Con una nueva campaña electoral en Cataluña a las puertas, sus salidas de la cárcel a partir de febrero les pueden permitir participar en los debates electorales, ser la cara visible en los mítines y gozar de mayor atención mediática. Unas condiciones que las formaciones independentistas ven de vital importancia por la falta de movilización del voto en un contexto de pandemia y, también, como una forma de atajar el desgaste que ha supuesto la gestión de la crisis sanitaria.
La opción que se baraja es que la administración penitenciaria pueda autorizar que los presos solo vayan a prisión para pernoctar (tercer grado) o que puedan pisar la calle de forma ocasional para participar en actos de campaña. En este caso, sería revisable por parte del juez de vigilancia penitenciaria.
En paralelo, el hecho de demorar las elecciones -como así lo contempla el decreto de convocatoria publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- también facilitaría que transcurriera más tiempo de pena cumplida para garantizar la participación de los presos, ya fuera por la vía del indulto, el tercer grado o con estos permisos penitenciarios. Su protagonismo, creen desde ERC y JxCat, podría ser un "revulsivo" para la campaña electoral.
Indulto y reforma de la sedición
El Gobierno de Pedro Sánchez estudia conceder indultos y reformar el delito de sedición del Código Penal. Esto último tendría efectos retroactivos sobre la condena a los presos del procés. La beligerancia con la que el líder del ala catalana de Podemos, Jaume Asens, defiende esta opción ha suscitado el malestar de ERC, que considera que puede ser "contraproducente" y alargar la privación de libertad de los presos.
El posicionamiento oficial de ERC y del resto de fuerzas independentistas es que el Congreso apruebe una nueva ley de amnistía que ponga en libertad a los presos del 1-O, pero los morados no ven factible esta opción. Los nacionalistas, aunque no renuncian a su posición maximalista, esperan un gesto del Ejecutivo de coalición para los presos. Pero a la espera de que llegue en forma de indultos y de reforma del delito de sedición en el Código Penal, ven la posibilidad de que las Juntas penitencias otorguen permisos a partir del próximo febrero.
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