Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.
Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que se basan en códigos encriptados de seguridad para certificar transacciones electrónicas de compra y venta de bienes y servicios, y de ellas existen ya cerca de 5.000, aunque sólo 40 de ellas presentan liquidez dentro del mercado.
En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones de dólares.
De momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional.
La querella, presentada por Zaballos Abogados, enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, y se dirige contra Javier Biosca -en busca y captura desde el pasado 10 de mayo-, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier.
La abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Bitcoins, aboga por la creación de tribunales especializados en estas operativas, y lamenta la desidia que, a su juicio, han mostrado tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España, que advierten sobre estos chiringuitos financieros pero no les impiden operar.
Estafa piramidal
Por debajo del volumen presuntamente defraudado por Algorithms figura Nimbus, que según un informe forense de la Guardia Civil habría estafado cerca de 136 millones de euros.
Tras una denuncia en un juzgado de Huelva del despacho Aranguez Abogados, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre su competencia, después de que el juzgado se inhibiera.
El cerebro de la trama es Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos de Oriente Medio del Banco Mundial; en 2020 creó Nimbus en Malta, y en octubre de ese año la sociedad ya dejó de hacer frente a los compromisos con sus inversores, alrededor de 4.000.
Según consta en la denuncia, Nimbus seguía un esquema de estafa piramidal o de Ponzi, mediante el cual en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.
La operativa de Nimbus, que garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % mensuales, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
Blanqueo y organización criminal
Otro de los casos que ya investiga la Audiencia Nacional es el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros pero podría ascender hasta los 100 millones.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptó la inhibición de un juzgado de Tenerife al entender que los investigados, dirigidos por Santiago Fuentes Jover, podrían haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.
Arbistar habría urdido presuntamente una trama defraudatoria prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
Al igual que en el caso de Nimbus, lo que presuntamente ocurrió fue que utilizaron una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos, señala el juez.
También en la Audiencia Nacional, el juez de apoyo del juzgado central de instrucción nº 6, Elías Gadea, abrió a finales de abril diligencias tras una querella presentada contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundado en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello.
Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración.
El juez tiene indicios de que, además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España, así como blanqueo de capitales, si bien todavía no ha cuantificado el volumen de la presunta estafa.
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