Los Presupuestos para el año que viene están en el aire por culpa de la incertidumbre electoral y de los plazos legales marcados para su aprobación. Este viernes, el Consejo de Ministros abordará el programa nacional de reformas y el plan de Estabilidad que exige Bruselas, pero el techo de gasto para 2017, paso previo a la elaboración de las cuentas estatales para ese ejercicio, no podrá ver la luz en el Congreso hasta bien entrado el mes de julio. Las nuevas Cortes no podrán constituirse antes del 20 de ese mes y hasta entonces funcionará la Diputación Permanente, cuya capacidad para aprobar el techo de gasto es más que dudosa, según algunos dictámenes jurídicos.
La constitución de las nuevas Cortes a finales de julio dificulta los trámites presupuestarios
El Gobierno trabaja con la posibilidad de dar el visto bueno al techo de gasto aunque el acuerdo no se envíe al Congreso, con el fin de tener preparada toda la maquinaria presupuestaria para el supuesto de que después de las elecciones del 26 de junio los plazos se aceleren y la formación del nuevo Gabinete encuentre menos problemas de los originados por los resultados del 20 de diciembre. El objetivo del equipo económico es evitar a toda costa una prórroga de los actuales Presupuestos, pues enviaría un mensaje perjudicial para España a los mercados, teniendo en cuenta los ajustes de gasto todavía pendientes y la vigilancia especial impuesta desde Bruselas.
Si las autoridades comunitarias conceden un año más a España y permiten al nuevo Gobierno dejar este año el déficit público en el 3,7% para reducirlo hasta el 3% en 2017, no tendría que encarar un ajuste superior a los 20.000 millones, en todo caso un volumen de recursos tan voluminoso que requeriría un amplio consenso político teniendo en cuenta las altas posibilidades que hay de que en el primer Consejo de Ministros de la próxima legislatura se sienten los representantes de más de un partido. Tiempo para acabar toda la tramitación parlamentaria que necesitan los nuevos Presupuestos habría hasta diciembre, pues si no se hubieran aprobado el 1 de enero la prórroga sería inmediata.
Campaña feroz del PSOE contra estos Presupuestos
En el Gobierno se recuerdan las dificultades que intentó poner el líder socialista, Pedro Sánchez, para aprobar los Presupuestos vigentes, una decisión que obligó al Parlamento a declarar hábiles los meses de verano. Gracias a ello, el proyecto de ley pudo entrar en el Congreso en septiembre y apuntalar la recuperación económica. Teniendo en cuenta que las elecciones se celebraron dos meses más tarde, a los socialistas les interesó taponar todos los agujeros por donde el Gobierno podía tomar oxígeno, actitud que llevó a Sánchez a convertir la presentación de las cuentas en la Cámara Baja en un casus belli.
La campaña del PSOE contra estos Presupuestos coincidió con el fichaje del exministro Jordi Sevilla como asesor económico de Sánchez y con la aparición de tensiones en su equipo ya que algunos de sus integrantes veían lógico que el Gobierno dejara sus deberes hechos y cómodo disponer de las cuentas ya elaboradas ante las expectativas que tenían de llegar a La Moncloa. Al final, su aprobación definitiva supuso una señal de tranquilidad, en un momento en el que los grandes fondos de inversión y las agencias de rating se planteaban el riesgo de que una hipotética victoria de la izquierda en las generales acabase con el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2012, clave para la salida de España de la recesión.
El Gobierno quiere evitar la prórroga de los actuales Presupuestos, una pésima señal para los mercados
Lo que ahora se quiere impedir, salvando las distancias, es la actuación del último Gobierno de Zapatero cuando dejó empantanada la legislatura, obligando a una prórroga presupuestaria cuando el país se encontraba al borde del rescate. En parte, la decisión del equipo económico que entonces dirigía la exvicepresidenta Elena Salgado partió de las dificultades del PSOE para asumir en plena campaña un escenario económico expansivo cuando Bruselas no permitía una broma y desde el BCE se le habían impuesto a España unas reglas obligadas para no seguir el ejemplo de Grecia.
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