Primera petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción para el ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por su implicación en la trama Púnica. En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez piden tres años de cárcel para el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre por un delito de violación de secretos por particular con grave daño para la causa pública en la pieza separada I de esta causa de corrupción conocida como la pieza del chivatazo.
En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ministerio Público reclama también tres años de prisión para el agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), José Manuel Rodríguez Talamino por otro delito de violación de secretos. Asimismo, Anticorrupción solicita que Talamino sea inhabilitado para empleo o cargo público por espacio de cinco años.
En esta misma pieza separada, la Fiscalía también acusa al agente de la Benemérita jubilado José Luis Caro Vinagre por el mismo delito, por el que solicitan tres años de cárcel. El guardia civil era amigo del ex consejero madrileño y medió en el citado chivatazo.
En el escrito de acusación, las fiscales recuerdan que "en caso de condena a Granados se le abone el tiempo de prisión provisional, conforme a los establecido en el artículo 58 del Código Penal". En el documento, la Fiscalía expone de forma detallada cómo el agente de la UCO Talamino pasó "información confidencial" al ex consejero Granados y al constructor David Marjaliza en septiembre de 2014 cuando la Audiencia Nacional los investigaba de forma secreta por varios delitos de corrupción.
Ocultación de efectivo
"El 6 de septiembre de 2014, el acusado José Manuel Rodríguez Talamino buscó al acusado Francisco Granados Lerena en las fiestas de Valdemoro, advirtiéndole en la conversación que mantuvo con el mismo de la colocación de un dispositivo en la puerta de la oficina de David Marjaliza", recogen las fiscales en su escrito de acusación. Tras recibir el soplo, el ex secretario general del PP de Madrid "desplegó una serie de actuaciones dirigida a comprobar el grado de veracidad de la fuente y ampliar los datos proporcionados por la misma, interesándose por saber si dicha investigación también se dirigía contra él, al objeto de adoptar medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito y alertar a David Marjaliza de la existencia de la investigación desvelada".
Anticorrupción destaca que Francisco Granados "aún habiendo desempeñado distintos cargos en la Administración local y autonómica madrileña y fundamentalmente en la Consejería de Justicia e interior, y aún a sabiendas del deber de sigilo y secreto que se impone por ley a los funcionarios públicos respecto de los asuntos que conocen por razón de su cargo" realizó distintas gestiones para saber si estaba implicado en la investigación desarrollada por la Guardia Civil.
El Ministerio Fiscal resalta que, gracias al chivatazo de Talamino, el constructor Marjaliza "retiró y escondió" dinero que guardaba en efectivo en esos momentos en sus oficinas mientras Granados hizo lo mismo y partió los fondos "en domicilios de amigos y familiares". Además, a raíz del soplo, se redujeron el número de llamadas telefónicas que los acusados se cruzaban y comenzaron a vigilar los datos que se aportaban en las mismas.
Por su parte, el magistrado Eloy Velasco ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral para que estos hechos sean enjuiciados por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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