El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado este jueves el ingreso en prisión incondicional de siete de los diez integrantes del clan familiar de los Kutayni, que fueron detenidos el pasado martes acusados de financiación del yihadismo en Siria a través de una caja B de negocios legales en España.
Los otros tres detenidos el martes han quedado en libertad con medidas cautelares consistentes en comparecencias ante el juez cada 15 días, entrega de pasaporte y prohibición de salir de España, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Se investiga a todos ellos por delitos integración en organización terrorista, blanqueo de capitales, trata de seres humanos y delitos fiscales.
La macrooperación afecta también a otras doce personas investigadas que no han sido puestas a disposición judicial. Se ha incautado documentación y otros efectos en 14 registros llevados a cabo en Madrid, Valencia y Toledo. La investigación judicial se instruye bajo secreto de sumario.
Sirios con nacionalidad española
Fuentes de la lucha antiterrorista a Europa Press explicaron que los principales cabecillas del clan familiar eran sirios que contaban con la nacionalidad española y que llevaban tiempo residiendo en España. Entre los investigados hay también magrebíes y subsaharianos.
Uno de los arrestados y miembro del clan que dirige la organización fue detenido en Siria en 2008 y fue condenado por su participación en un atentado y su integración en la organización terrorista yihadista Fatah al Islam. Tras cumplir su condena, regresó a España para integrarse en los negocios de la familia.
La investigación, que cuenta con apoyo de Europol, apuntan a vínculos familiares de los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la región siria de Idlib. También señala que gran parte de este dinero "b" era remitido a esta zona para dar sostenimiento y apoyo económico a las milicias terroristas que allí subsisten.
Esta organización se encuadra presuntamente dentro de una macroestructura financiera internacional de naturaleza clandestina que tiene como objetivos la "grave desestabilización del sistema económico capitalista occidental y el sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al-Qaeda y afines", según Interior.
Los expertos en financiación del terrorismo de la Comisaría General de Información han logrado desentrañar un sistema financiero clandestino que se basaba en la falsificación de facturas, conceptos y registros.
El dinero era enviado por los miembros de la organización utilizando diferentes sistemas, desde el uso de "correos humanos" que trasladaban el dinero de forma ilegal eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales, al envío de maletas con dinero oculto.
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