España

'Error 404': problemas técnicos frustran la "nueva normalidad" en los tribunales

Mientras en unos juzgados conseguían establecer videoconferencias para celebrar declaraciones, en otros tenían que aplazar las vistas por falta de conexión

Videoconferencias frustradas, documentación sin digitalizar y medios técnicos insuficientes frustran el intento de los trabajadores de la Administración de Justicia de instaurar la "nueva normalidad" en los tribunales. La primera fase de la desescalada en los juzgados se ha topado de frente con un sistema judicial tradicionalmente analógico que ahora, en plena pandemia, intenta reinventarse para celebrar juicios y deliberaciones telemáticas. Los sindicatos lo tachan de "caos"; el Ministerio habla de "normalidad".

El departamento de Juan Carlos Campo dio el pistoletazo de salida el pasado martes. Ese día estaban convocados a la vuelta al servicio entre el 30% y el 40% de la plantilla en los órganos judiciales y fiscalías, así como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Aunque estaba previsto que la "primera escala" durase al menos una semana, Justicia ha acordado mantener la fase uno hasta el 25 de mayo. "Ha sido un poco desastre; hay una gran falta de medios, tanto tecnológicos como sanitarios", aseguran a Vozpópuli desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

Necesidad de modernización

La tecnología, protagonista del plan de choque defendido por Campo esta misma semana en el Congreso de los Diputados, no ha funcionado por igual en todos los casos. Mientras en unos juzgados conseguían establecer videoconferencias para celebrar declaraciones, en otros tenían que aplazar las vistas por problemas de conexión. En algunos casos las dificultades técnicas tenían lugar en el propio tribunal, que había sufrido una caída del sistema; en otros, las fallas venían desde el centro penitenciario en el que se encontraba el acusado. 

Fuentes jurídicas insisten en que la carencia tecnológica no se limita solamente a las vistas, comparecencias y deliberaciones. Sostienen que el teletrabajo es "imposible" cuando la mayoría del material solo está "en papel". "No puedes llevarte toda la documentación a casa", añaden.

Ya lo decía el propio ministro el pasado febrero en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados: "Es nuestro objetivo llevar el sistema judicial español a un nivel de desarrollo tecnológico como el alcanzado ya hace años en otros servicios públicos". Desde entonces, Campo ha admitido en reiteradas ocasiones la necesidad de modernizar la Administración de Justicia. Esta misma semana ha fichado al nuevo director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

En este proceso de adaptación a la "nueva normalidad", el Ministerio ha aprobado una modificación a la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la que se regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El cambio, explican desde Justicia a este diario, procura dar cobertura legal a las vistas que se celebren por videoconferencia. En concreto, a aquellas en las que se juzguen delitos leves. Con ello, se pretende minimizar el presencialismo en los tribunales.

Denuncias ante Trabajo

En los casos que contemplen delitos graves en los Juzgados de lo Penal sigue siendo necesaria la presencia de los acusados, según lo establecido en el Real Decreto-Ley convalidado este miércoles en el Congreso. En el marco de la desescalada, sin embargo, las partes que acuden físicamente a las audiencia públicas no tienen que usar togas y el acceso al público es limitado según las condiciones de la sala. 

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) insisten en  las dificultades que este tipo de medidas representan en aquellas instalaciones en las que de por sí cuesta mantener la distancia recomendada entre los funcionarios. "Madrid estructuralmente esta nefasto. Nos quedamos sin una Ciudad de la Justicia", señalan. A su juicio, esta primera fase se ha desarrollado "sin medidas de protección adecuadas". Critican que la desescalada se haya llevado a cabo de forma uniforme en toda España, pese a que algunas comunidades permanecen en la fase cero establecida por Sanidad.

Desde el sindicato CCOO coinciden. Este jueves presentaron una denuncia contra el Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la aplicación del plan de desescalada para reactivar la actividad judicial. Aseguraron que no se habían dotado de "medios materiales y personales a los servicios de prevención", ni se habían evaluado "los riesgos en cada centro de trabajo antes de aprobar las medidas".

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también presentó su queja ante la Inspección. Tachó al Ministerio de "irresponsable" por comenzar la recuperación de la actividad con una "evidente falta de medios de protección". Según denunció, los funcionarios no dispusieron de mascarillas FFP2 durante los dos primeros días de vuelta al trabajo. 

Se prevé que el 25 de mayo la Administración de Justicia pase a su segunda fase de desescalada. Entonces se reincorporarán entre el 60% y el 70% de la plantilla. Antes de que la judicatura opere al 100% y recupere el ritmo 'pre-covid', se deberán aprobar otras dos fases. La decisión recaerá en la comisión de coordinación de crisis del covid-19, integrada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y las comunidades autónomas competentes en la materia.

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