El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al excomisario José Manuel Villarejo Pérez, a su hijo José Manuel Villarejo Gil y a otras doce personas en la pieza del 'caso Tándem' seguida por la supuesta contratación del primero por unos empresarios para espiar a un exsocio con una deuda.
En un auto, el magistrado concluye la instrucción de esta pieza del 'caso Tándem', seguido por diversas actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por el excomisario.
El magistrado acuerda dirigir el procedimiento contra Villarejo, su hijo, su abogado Rafael Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz -el primero, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana- y otras nueve personas, entre ellas el excomisario Antonio Bonilla por supuestos delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos.
Los hechos que originaron esta pieza se centran en la supuesta contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de Villarejo para conseguir información de un exsocio que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en concepto del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
De la investigación realizada el juez concluye que la actividad contratada a Villarejo "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives"
De esta forma, al declararse insolvente toda la reclamación se dirigía exclusivamente frente a Fernando Muñoz, explica la resolución.
En su auto, el juez relata que Villarejo, con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial denominado Grupo Cenyt, proporcionó a los hermanos Muñoz diversa información sensible y de acceso restringido a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental.
La actividad de Villarejo "iba mucho más allá"
Añade que el objetivo de esta contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del exsocio investigado y obtener "debilidades" del mismo como medida de presión para forzarle a él y a su abogado a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.
El instructor agrega que para obtener la información sensible convenida con sus clientes, el excomisario Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se valieron de los servicios de una detective y de funcionarios de Policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.
De la investigación realizada el juez concluye que la actividad contratada al excomisario Villarejo "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, constatándose que él y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis que incluía la obtención de forma ilegal de informaciones de carácter reservado y confidencial".
A partir de ahora las acusaciones disponen de diez días para formular su escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
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