La polémica defensa de la ley del "solo sí es sí" por parte de Igualdad suma cada vez más detractores. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, ha criticado las "muy desafortunadas e inapropiadas manifestaciones" del ministerio contra el poder judicial a raíz de las revisiones de pena que han hecho ya múltiples jueces desde la entrada en vigor de la 'ley del solo sí es sí'.
La asociación ha hecho estas declaraciones en un comunicado a causa de las declaraciones de la ministra, Irene Montero, que ha acusado este miércoles a los jueces de aplicar "erróneamente o de forma defectuosa" la Ley de Garantía de la Libertad Sexual. "Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley 'solo sí es sí'", declaró Montero. En esa línea se expresó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que ha insistido en que los magistrados "no están cumpliendo" con la legislación.
Una polémica que se advirtió con anterioridad
Desde JJpD han recordado que "la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica".
La asociación se ha referido de esta forma al informe emitido en febrero de 2021 por el órgano de gobierno de los jueces sobre la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que por aquel entonces era un anteproyecto. En el mismo, el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía "una reducción del límite máximo de algunas penas".
"Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como 'justicia machista' o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover", ha reprochado la asociación judicial.
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