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Autores, parlamentarios, editores… Todos dicen lo mismo. La propiedad Intelectual es la tarea pendiente de la legislación española. La subcomisión que adelanta su reforma lleva más de dos años trabajando y sin embargo no llega a una versión definitiva. Está prevista en los programas electorales y promesas de ambos partidos en materia de cultura. Hay un acuerdo general en que se trata de un tema medular, sí, pero no se concreta nada  al respecto. ¿Por qué?

“La salida de la crisis tiene que ver con I+D, y dentro del I+D entra la propiedad intelectual”, comentó Arcadi Espada refiriéndose a la necesidad de proteger y fomentar la producción, con un marco legal adecuado que permita a los creadores vivir de sus ideas. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente de Ibercrea esta semana en “La creación del mundo”, unas jornadas que dedicaron especial  énfasis a tratar el tema sobre qué debería hacerse en España en materia de propiedad intelectual.  

Si todos parecen tener claro que la cultura genera mercancías a través de sus industrias culturales y que éstas esperan vivir de lo que producen, el debate sobre la propiedad intelectual tiene que tomar necesariamente en cuenta  el mercado donde circulan esas mercancías.  Al menos ese es el razonamiento que siguen personas como Antonio Guisasola, presidente de la Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI).

Al respecto, tanto los autores como las instituciones tienen muy en cuenta que más que una legislación específica,  la protección a la Propiedad Intelectual debe concebirse a partir de un nuevo modelo de negocio que tome en cuenta los desafíos impuestos por la sociedad de la información.  

“Que los derechos que existen en el mundo físico existan en el mundo virtual”, según Guisasola. En ese sentido, habría que legislar no sólo en materia de propiedad intelectual sino también de comercio electrónico. Algo que el Partido Popular tiene muy claro y que podría ajustar por la vía de la eliminación de los gestores e intermediarios, entre ellos, la Sociedad General de Autores de España. 

El profesor de Derecho de la Información y asesor parlamentario del PP, Borja Adsuara, forma parte de quienes defienden esta tesis. “Las leyes no solucionan todos los problemas.  Muchas veces, el derecho va por detrás de la realidad. Es decir: no es la ley que va a crear los modelos de negocio, y si lo hace es una mala ley, porque su tarea no es inmiscuirse”, dice.

Para Adsuaga además, se han cometido hasta ahora un número importante de errores al momento de plantear una legislación al respecto: “El problema no es el usuario, tampoco las descargas. El problema está en la subida de la información. Ése es el problema, qué se hace con ese original”.

Aunque el canon digital tenía como intención gravar una compensación por la copia privada, también es cierto que su aproximación era bastante agresiva, al presumir que todo el que compraba CD’s  lo hacía para piratear música.  De hecho, en el marco de la Unión Europea, según Jacques Toubon, miembro del Consejo de la Alta Autoridad para la Difusión y la Protección de los Derechos en Internet (Hadopi) y ex ministro de Cultura de Francia, apenas 15 países cobran algo parecido a un canon.  Entre los que no lo hacen se encuentra el Reino Unido.

Se prevé que los populares, una vez en el gobierno, se hagan con el modo anglosajón.  Sin embargo, y lo que es completamente seguro, será el ahogo y eliminación del peso de instituciones como la SGAE por una agencia pública cuyas características y competencias reales buscan, precisamente, erradicar el pozo de corrupción que han dejado a su paso.