España es en este momento el país en el que más operaciones policiales se desarrollan contra la trata de personas para explotación sexual, desde que la modificación del Código Penal de 2010 incluyera la trata como un delito, con penas que rondan los 14 años de reclusión, cuando hasta ese momento tan solo estaba recogida la explotación, con condenas mucho más benévolas, de entre 4 y 8 años de prisión. Durante el pasado año se registraron 2.609 operaciones, con un total de 6.117 detenidos, unas cifras similares a las de 2014, con 2.618 operaciones y 6.035 detenidos. En estas operaciones la Policía identificó el pasado año a 14.000 personas víctimas de trata para explotación sexual, que se estima representan un tercio de las aproximadamente 50.000 personas atrapadas por las mismas.
Las principales redes están dirigidas por ciudadanos rumanos, seguidos de las que son controladas por nigerianos y, en tercer lugar, por chinos. “Nuestro país es un destino idílico para muchos ciudadanos rumanos –señala a Vozpópuli el inspector jefe José Nieto, responsable del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF)-. Chicas muy jóvenes y con una formación baja son captadas por redes que les ofrecen venir a España a trabajar en pases de lencería o como relaciones públicas en discotecas. Las meten en microbuses y las trasladan a nuestro país, donde son obligadas a ejercer la prostitución”. Existen dos tipos de organizaciones de esta nacionalidad, la que está dirigida por un responsable asentado en Rumanía y que tiene diferentes ramas distribuidas en Europa, fundamentalmente en España e Italia, y los denominados latin lover, en las que un hombre controla a dos o tres mujeres que distribuye por distintos clubes.
Se calcula que hay 50.000 personas atrapadas por redes de tráfico de personas para su explotación sexual, el 95% de ellas mujeres
En el caso de las mujeres africanas, por lo general subsaharianas y naturales de Nigeria, su traslado a España conlleva para ellas asumir una deuda que ronda los 50.000 euros. Pueden tardar entre siete meses en llegar a nuestro país, donde serán obligadas a ejercer la prostitución callejera, con servicios que oscilan entre los 5 y los 15 euros, lo que les obligará a permanecer como “esclavas” sexuales entre 14 y 20 años. Fechas atrás fue liberada una mujer de esta nacionalidad que había llegado a nuestro país procedente de Francia e iba a ser vendida por 8.000 euros a otro proxeneta tras negarse a ejercer la prostitución.
Las tramas chinas, las más impermeables.
Las organizaciones chinas son las más impermeables, ya que hasta no hace mucho era un negocio limitado a ciudadanos de la misma nacionalidad y que se ejercía en pisos. “Los chinos han dejado de traer gente para trabajar en talleres clandestinos de confección a traer chicas para dedicarlas a la explotación sexual. Empezaron dirigiéndola a ciudadanos de su misma nacionalidad –explica el inspector jefe José Nieto-, pero vieron que el negocio les iba bien y empezaron a ofertar pisos de citas en los periódicos. De hecho, hasta hace cuatro años aproximadamente no había detenido ni víctimas liberales por el hermetismo en que se movían”. Para las ciudadanas asiáticas atrapadas por estas redes el objetivo es llegar a Estados Unidos o el Reino Unido, y su paso por España una escala circunstancial para conseguir el dinero que les permita, tras periodos de entre seis y diez años, llegar a su destino.
Desde que se puso en marcha el Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual en 2013, las llamadas al teléfono 900 105090 o el envío de mails a trata@policia.es han sumado cerca de cinco mil comunicaciones que han dado lugar a 478 investigaciones. Aún siguen siendo escasas las denuncias de las propias perjudicadas, que en caso de hacerlo son declaradas testigos protegidos y asistidas por la Policía en todo el proceso, además de facilitárseles alojamiento, manutención, asistencia psicológica, sanitaria y jurídica y la tarjeta de residencia y trabajo o bien el retorno asistido a su país de origen si no quieren permanecer en España. Este plan viene a continuar en el ámbito estrictamente policial el plan integral puesto en marcha en 2009 con la implicación de siete ministerios para intentar erradicar esta lacra y prestar asistencia de todo tipo a las personas afectadas, el 95% de ellas mujeres.
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