España es uno de los países con mayor consumo de prostitución de toda Europa y a nivel mundial, según datos de la ONU; una actividad que apenas se ha visto mermada durante los 98 días que ha durado el estado de alarma. Desde el 14 de marzo la Policía Nacional, en diferentes operaciones contra trata y la explotación sexual, liberó a 39 mujeres y detuvo a 43 proxenetas.
Según denuncian varias organizaciones, los demandantes de este tipo de servicios y las mafias han recurrido a todo tipo de métodos para continuar con la actividad, y la situación de estas mujeres se ha agravado durante estos meses. Se han quedado confinadas en los pisos o burdeles donde ejercen la prostitución y han tenido que seguir pagando pese a generar menos ingresos, por lo que su deuda, en los casos de explotación sexual, ha seguido aumentando.
"En la mayoría de comunidades autónomas los pisos no han dejado de funcionar, ahora están casi abiertos a completo rendimiento, y los clubes también empiezan a abrir. Las mujeres se exponen a un doble riesgo: al contagio de covid y a una bajada de precios porque están necesitadas económicamente", explica a Vozpópuli Erika Chueca, trabajadora social y portavoz de la ONG Médicos del Mundo.
"Es la invisibilización de un colectivo"
Chueca destaca la falta de acceso a servicios sociales de estas mujeres. "Nos hemos dado cuenta de que hay un desconocimiento general sobre el acceso a recursos sociales. Mujeres que aunque llevan muchos años en España nunca han accedido a ellos más allá de sus ONG de referencia. Eso también nos parece preocupante. Es la invisibilización de un colectivo que desafortunadamente en España es muy amplio", añade.
Tienen dificultad para acceder a los servicios médicos, sufren mayor violencia y aumentan su deuda"
Desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ponen de relieve también la dramática situación de estas mujeres. "Vuelven a ser las excluidas de las excluidas. No figuran en los registros oficiales de afectadas por la enfermedad, tienen dificultad para acceder a los servicios médicos, sufren mayor violencia y aumentan su deuda", apuntan.
Esta asociación denuncia además que durante el estado han perdido el contacto telefónico con el 25% de las mujeres a las que normalmente realizan un seguimiento porque los proxenetas lo han impedido. En cuanto a la atención prestada, el 85 por ciento es sanitaria, el 10 por ciento social y el 5 por ciento jurídica.
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