La elección de una batería de empresas que suministrarán material sanitario a la administración para hacer frente a la pandemia despierta ciertos recelos en el sector. Consideran que el Ministerio de Sanidad y los órganos encargados de su gestión han escogido a algunas firmas con menor experiencia -llegan a hablar de “intrusismo”-, premiando a las que ya tenían algún tipo de relación con el sector público frente a aquellas multinacionales que hasta ahora no habían trabajado con los ministerios o las Comunidades Autónomas.
El motivo, afirman, es el temor del departamento de Salvador Illa en incurrir en los errores en la adquisición de stock durante los peores compases de la pandemia y que el departamento prefiere “pisar sobre seguro”. Como contó Vozpópuli, la adjudicación del megacontrato sanitario es uno de los grandes retos administrativos a los que se ha enfrentado el ministerio que dirige Salvador Illa; un acuerdo marco para que comunidades autónomas y entes públicos tuvieran acceso directo a una batería de proveedores que les suministrasen el material.
Sanidad explica a este medio que las empresas que han resultado adjudicatarias del acuerdo marco "son aquellas que han acreditado, como empresa, cumplir las condiciones de solvencia exigidos y además que sus productos ofertados cumplen con los requisitos de calidad establecidos en los pliegos que rigen la licitación".
Un total de 155 empresas se presentaron al concurso público, que debía haberse cerrado el pasado mes de agosto pero que no ha culminado hasta noviembre. Empresarios del sector, en contacto con este diario, inciden en la sorpresa que ha despertado la lista de proveedores escogidos. Sanidad abrió las puertas a presentarse a toda aquella firma que acreditase su trayectoria en el sector o aquellas que, pese a ser más desconocidas, ya hubiesen colaborado con la administración.
Las condiciones del pliego de la adjudicación ya requerían demostrar la experiencia previa en contratos previos con la administración"
A su juicio, la elección final de Sanidad prima a las empresas que se engloban en la segunda categoría. "Las condiciones del pliego de la adjudicación ya requerían demostrar la experiencia previa en contratos previos con la administración, mientras que no se hacía referencia al 'expertise' en la compra/venta de este sector tan concreto", detalla un empresario del mundo de los equipos de protección individual (EPI).
"Podemos sospechar que nos ha penalizado la carencia de conocimiento del sector por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), un organismo muy olvidado porque las competencias pertenece a las autonomías", añaden.
Premio para pymes
Consideran que pymes con menor trayectoria y experiencia se han llevado el ‘premio’ de figurar en la lista de proveedores. En detrimento, otras empresas más grandes -entre ellas, multinacionales- y con mayor recorrido en el sector se han quedado fuera. “Han aceptado ofertas de empresas relativamente nuevas en el sector pero que pudieran demostrar este tipo de contratos previos en la administración”, señalan fuentes del ámbito comercial sanitario. Los motivos esgrimidos por Sanidad aducen a sus dudas sobre la "solvencia técnica" de estas firmas.
Y añaden las mismas fuentes: “Tienen tanto miedo e inquietud a equivocarse con este contrato por todas las críticas recibidas que no solo han retrasado la adjudicación del acuerdo marco, sino que han descartado automáticamente a todas aquellas con mayor experiencia previa en la venta de este tipo de material y han aceptado ofertas de empresas relativamente nuevas en el sector pero que pudieran demostrar este tipo de contratos previos en la administración”.
Es raro que no esté presente de forma mayoritaria las empresas más representativas del sector en España
Una percepción que entes como ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual) comparten. "Se han presentado a este acuerdo marco nueve empresas de nuestra asociación, sólo cuatro (entre las que destacan 3M o Iturri) han sido seleccionadas", afirma Luis Gil, Secretario General en ASEPAL. "Pese a que pueda parecer un logro, en un megacontrato de EPIs es raro que no esté presente de forma mayoritaria las empresas más representativas del sector en España", matiza.
Además de ASEPAL, representantes del sector explican a este medio que desde el principio de la pandemia, en el mes de marzo, han echado en falta que, tanto Sanidad como el resto de administraciones que han comprado millones de unidades de material sanitario, hayan contado con el asesoramiento de estas empresas para acudir al mercado durante la crisis.
Un proceso complejo
“Para llevar a cabo el proceso con todas las garantías para los participantes, ha sido necesario revisar, contrastar y pedir aclaraciones sobre miles de documentos presentados por las distintas empresas participantes”, explicaron desde el Ministerio de Sanidad al anunciar que ya se había concluido la adjudicación del acuerdo marco.
En el proceso de selección se involucró a personal de las Comunidades Autónomas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) y el equipo técnico del INGESA.
A su juicio, el “proceso de evaluación ha sido muy complejo principalmente por el gran número de información que se ha tenido que analizar y gestionar”: 155 empresas se presentaron a la licitación, con un presupuesto total a 2.500 millones de euros.
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