Andaban estos días muy afanados Florentino Pérez, presidente de ACS, y sus gentes en la Comunidad Valenciana (los directivos de Escal UGS, la empresa que explota El Castor, y los lobbies que el presidente del Madrid suele contratar para estos menesteres) en aplacar las críticas de los alcaldes de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola, de los ecologistas, del grupo Compromís y de algunos medios de comunicación que escapan a las garras del empresario madrileño por la avalancha de terremotos provocada por las inyecciones de gas en el almacén subterráneo ubicado en el Golfo de Valencia.
En los mentideros políticos y empresariales de Madrid no faltaron diputados ni altos directivos ni periodistas ni técnicos ministeriales que se mofaran de las advertencias por el excesivo número de terremotos provocados por las inyecciones de gas en tan pocos días y las posibles consecuencias que esto podría tener en la estabilidad sísmica de la zona, no sólo en el presente, sino también en el futuro.
Duras críticas cayeron sobre los que, según ellos, magnificaron lo ocurrido. Pese a que en menos de dos semanas (los temblores empezaron el 11 de septiembre) se produjeron más de 140 terremotos (la mayoría imperceptibles; otros, pocos, de 3 grados en la escala Richter), la empresa de Florentino fue capaz de convencer a los alcaldes de la zona de que no había peligro.
Los responsables del Instituto Geográfico Nacional y los alcaldes de la zona asumieron las tesis del presidente del Madrid y concluyeron que la avalancha de seísmos no era preocupante
Los técnicos del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento), que recoge casi en tiempo real la actividad sísmica de toda España, respaldaron las tesis del presidente del Madrid, hasta el punto de que los alcaldes de los tres municipios más afectados, que tienen enfrente, a unos 22 kilómetros mar adentro, el almacén subterráneo de gas firmaron una carta conjunta para tranquilizar a la ciudadanía.
De nada sirvió que Escal dejara de inyectar gas colchón para poner a punto el almacén el 16 de septiembre, como reconoció a Vozpópuli su presidente, Recaredo del Potro. El número de seísmos ha seguido creciendo y supera ya los 160 temblores (baste señalar que hace más de una semana que Escal no inyecta gas pero el martes 24 hubo 13 terremotos y el miércoles 25 la cifra subió a 15 temblores).
A la vista de cómo evolucionaba el proceso de inyección de gas de un almacén considerado estratégico por el Gobierno y que los terremotos no cesaban, el Ministerio de Industria exigió información detallada al IGN y a la empresa responsable.
El temor a consecuencias sísmicas impredecibles en la zona ha obligado a Industria a cerrar temporalmente El Castor, que ya ha provocado más de 160 temblores, algunos de 3 grados
Fuentes conocedoras del proceso señalan a Vozpópuli que "la situación se hizo insostenible, los terremotos no sólo no han bajado sino que se han incrementado pese a que ya no se está inyectando gas".
Por tanto, el ministro José Manuel Soria, a través de una resolución firmada por su director general de Política Energética y Minas, ordenó ayer a última hora el cese temporal de toda actividad en el almacenamiento subterráneo de Castor, mientras se recaba toda la información detallada sobre los terremotos en la zona y sus posibles consecuencias para la estabilidad sísmica en el futuro.
El cese de actividad se ha comunicado a la empresa concesionaria de la operación del almacenamiento subterráneo, Escal UGS.
Vozpópuli ha informado detalladamente desde el primer día de los seísmos provocados por la inyección de gas, que sólo en sus primeros seis días (desde el 11 de septiembre) provocó 100 temblores de baja intensidad.
Ahora, Industria analizará la información que le facilite el IGN y Escal UGS para valorar los riesgos reales de una operación que en otros países se produce con total normalidad, pero que en el Golfo de Valencia ha provocado tal avalancha de terremotos que ha obligado al Gobierno a paralizar toda la actividad.
Castor espera poder retomar la extracción de gas en octubre, coincidiendo con la próxima subasta de gas, que se produce periódicamente para establecer las extracciones de cada planta.
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