El PSOE tiene vértigo. Ferraz es consciente de la marejada interna que se ha originado en la organización por la amnistía que se está negociando con Junts a cambio de los votos que permitan a Pedro Sánchez seguir en Moncloa. Por eso, el partido intenta ahora aplacar la “preocupación” de los suyos, que destacan algunos socialistas, advirtiendo de que el pacto con el expresidente catalán Carles Puigdemont no solo "no está hecho", según fuentes de la formación, sino que tendrá que encajar en el marco constitucional sí o sí. Es más, fuentes de la ejecutiva socialista deslizan que las "posiciones maximalistas" del secesionismo catalán, que no se baja de la exigencia de la amnistía y del referéndum, pueden ser una muestra de la poca voluntad de Junts de negociar la investidura del secretario general del PSOE.
Un destacado dirigente socialista resume a este diario la situación interna del partido: “La inmensa mayoría de los alcaldes con los que hablo o portavoces municipales creen que una amnistía nos pondría en una situación electoral muy difícil como ya pasó con la sedición o la malversación. Pero nadie o muy pocos van a lanzar la voz”.
“Hemos aceptado con mucha normalidad que pueda haber otras voces dentro de nuestra formación. Y lo fundamental y lo importante es que la dirección del partido, el presidente y el secretario general, Pedro Sánchez, sabe que tiene a todo el partido detrás, que tiene la confianza de su formación tras el encargo que, entendemos, nos hicieron los ciudadanos después del 23-J", justificó este lunes la vicesecretaria general y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, tras el carrusel de críticas vertidas por históricos socialistas -desde Alfonso Guerra y Felipe González hasta Joaquín Almunia y Ramón Jáuregui- que se han revuelto por el coqueteo del partido con una hipotética de ley de amnistía que exonere de toda responsabilidad a las decenas de personas aún pendientes de juicio involucradas en los hechos de octubre de 2017 que condujeron a la declaración de independencia de Cataluña.
El PSOE, no obstante, envía mensajes contradictorios. Por un lado, fuentes de la dirección del partido insinúan que las conversaciones con Junts están encalladas y que aún se está negociando sobre el contenido del acuerdo con Puigdemont. "Es más importante que el calendario", explican estas fuentes, porque saben que cualquier atisbo de pacto que lleve el compromiso de iniciar el trámite en el Congreso de una ley de amnistía debe estar sujeto a la más estricta constitucionalidad. Pero, por otro lado, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, vendió en el G20 a los líderes internacionales que Sánchez seguirá en Moncloa, dando por hecho el acuerdo. Eso sí, en el PSOE, a diferencia de Sumar, aseguran que no tienen un grupo de expertos para encajar la amnistía en el marco legal. Pero la presión del partido de Yolanda Díaz va en aumento. El portavoz, Ernest Urtasun, se movió ya en los plazos para dar luz verde a la norma en el Congreso.
Los rechazos del PSOE
A diferencia de otras polémicas, la amnistía no solo tiene el rechazo frontal de líderes de la vieja guardia como Felipe González y Alfonso Guerra. Sánchez se ha encontrado ahora con críticas similares de dirigentes muy destacados del zapaterismo como Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla y la renuncia de la cabeza de lista del PSC por Barcelona -Meritxell Batet- que arrasó el 23-J en Cataluña. Muchos socialistas interpretan la salida de Batet como un gesto claro de desacuerdo con esta medida.
Como ya contó este diario, el PSOE tiene en mente hasta el nombre para una supuesta ley de amnistía -Ley de Alivio Penal-. Esta norma dará al Ejecutivo facultades discrecionales similares a la prerrogativa del indulto. No obstante, esa no será la única cesión del Gobierno progresita al separatismo catalán. Y es que Ferraz también tiene mente ofrecer un referéndum no vinculante en Cataluña encajado en un acuerdo de la mesa de diálogo. Pero sobre este aspecto surgen dudas.
Y es que no está claro cómo y en qué momento de la legislatura se convocará dicha consulta, ni tan siquiera si habrá acuerdo entre las fuerzas independentistas, ay que ERC gobierna en solitario la Generalitat tras la ruptura de la coalición con Junts. Además, Cataluña debe celebrar elecciones autonómicas bien a finales del 2024 bien a comienzos del 2025.
Los pasos de Sumar
En Sumar están convencidos de que Junts terminará firmando un pacto que alumbre un nuevo Gobierno de coalición. Pero también, como el mismo Sánchez, saben que hace falta tiempo. Por eso, el presidente en funciones atendió la demanda de tiempo que hizo Alberto Núñez Feijóo para someterse al examen de confianza parlamentaria que afrontará los días 26 y 27 de septiembre en la Carrera de San Jerónimo. El plan inicial del tándem Sánchez-Díaz era lanzar cuanto antes a Feijóo a los leones para quemarle y destrozar su liderazgo. El sueño era abrir una crisis en el PP. Pero la complejidad de las conversaciones con Junts hizo virar al PSOE y a Sumar. Más tiempo para Feijóo era darle buenas cartas, sí. Pero también era garantizar que Sánchez puede intentarlo más adelante con garantías.
Y es que en Moncloa están convencidos de que, aparentemente, cualquier guiño o cesión a los independentistas no tendrá coste electoral alguno para el PSOE. Ese es el análisis que hacen en el núcleo duro del partido tras haber reducido la influencia de los partidos secesionistas en el Congreso a su menor expresión. Sánchez cree que los españoles avalaron el 23 de julio su política en Cataluña. Y ahora solo busca tiempo para volver a tirar de "espacios legales" que permitan satisfacer a quien tiene la llave del Gobierno de España.
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