El PSOE ha registrado este martes -junto a Sumar, ERC, EH Bildu y BNG- enmiendas a la proposición de Ley orgánica de la amnistía ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Entre las enmiendas de carácter técnico, destaca la inclusión en el ámbito de objetivo, además de aquellos actos de desconsideración o crítica ya recogidos, se añaden actos de "agravio" contra las autoridades y funcionarios públicos.
De esta manera, las acciones amnistiadas elevan de categoría, se recogen todos aquellos actos que no sólo representen una manifestación o actividades artísticas y se añaden todas las acciones comunicativas "educativas". De esta forma, se perdonarían los delitos desarrollados en las aulas con el objetivo de "reivindicar la independencia de Cataluña o la celebración de consultas".
El texto pactado por Sánchez y sus socios de Gobierno -a excepción de Junts- adhiere a este tipo de delitos, todos aquellos que se hayan llevado a cabo "a través de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet o mediante el uso de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes".
Los detalles técnicos incluidos en el texto alternativo impulsado por los socialistas, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG asegura la campaña informativa desarrollada por el independentismo catalán en los últimos años. Esta vez en todos los ámbitos comunicativos, incluidas las aulas donde los más jóvenes han podido recibir la propaganda independentista.
Espacio temporal de apliación de la amnistía
Como preludio a los delitos que serán perdonados a los independentistas, las enmiendas incluyen, además de aquellos delitos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, todas aquellas acciones incluidas en este proceso, "aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración".
No obstante, la enmienda liderada por los socialistas mantiene el mismo espacio temporal ya recogido en la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados en 2023. Es decir, se podrán incluir delitos no relacionados con las consultas de 2014 y 2017 y celebrados con posterioridad, siempre y cuando estén comprendidas "entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".
Órgano judicial competente
Asimismo, el documento registrado este martes en las Cortes intenta blindan la futura vuelta de Puigdemont. Para ello, se hace hincapié en que será "el órgano judicial competente que, en cada momento, esté conociendo de la causa" el encargado de ordenar "la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas" o, como es el caso del expresidente catalán, el que proceda a "dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía".
Además de incluir nuevas acciones, se pretende excluir de la amnistía aquellos "delitos contra la Comunidad Internacional comprendidos en el TÍTULO XXIV del Libro II del Código Penal". Es decir, delitos de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o delitos de piratería, entre otros.
Ahora, toca esperar que la Mesa de la Comisión de Justicia avale o no los textos de enmiedas presentados en la tarde de este martes. Una vez que la proposición de Ley orgánica de la amnistía pase este examen, el texto definitivo será tomado en consideración en pleno, donde los diputados tendrán que votar a favor o en contra de la norma.
El siguiente paso será llevar la amnistía al Senado donde los de Feijóo, con mayoría en la Cámara Alta, planea retrasar su aprobación lo máximo posible.
