La auditoría realizada por el interventor municipal del Ayuntamiento de Valencia en relación a las subvenciones nominativas del año 2021 confirma que el consistorio gobernado por PSOE y Compromís inyectó un total de 100.000 euros 'a dedo' al sindicato UGT para que celebrase su 43º Congreso en Valencia.
El riego ha sido denunciado por los partidos de la oposición, pero también por Solidaridad, la organización sindical nacida al alero de Vox. Según esta última entidad, la ayuda supone "un trato singular" que podría estar "vulnerando" los principios constitucionales de igualdad, legalidad, publicidad, concurrencia, objetividad, competencia, etcétera.
En concreto, la retribución partió de la Concejalía de Turismo y, según adelantó el digital Valencia Plaza, el citado departamento modificó el plan de subvenciones ya empezado el año 2021 para incluir esta ayuda directa al congreso anual del sindicato liderado por Pepe Álvarez. Desde el ayuntamiento esgrimen que se trataba de potenciar el "turismo congresual", pero las ayudas directas han de justificarse con todo detalle puesto que, tal y como explica el interventor, no se pueden hacer por concurrencia.
"Las subvenciones nominativas son un tipo de concesión directa de carácter excepcional, que suponen una excepción al principio de concurrencia", sostiene el mismo. Cualquier entidad que celebre un Congreso en la ciudad de Valencia -advierte- podría ser adjudicatario de una inyección similar. "Podría existir un agravio comparativo con estas entidades", apunta. De haber sabido de la existencia de estas ayudas, apostilla, otros sindicatos u organizaciones las podrían haber solicitado.
Sin concurrencia competitiva
De acuerdo al fiscalizador municipal, la subvención debió haberse tramitado mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, pudiendo gestionarse mediante una convocatoria pública anual. Con los 100.000 euros de la ayuda municipal, siempre según la relación de gastos, se pagó el 98% del alquiler de todo el edificio del Palacio de Congresos. "La concesión directa de subvenciones (subvenciones nominativas) sin justificar la dificultad o impedimento de realizar una convocatoria pública vulnera el principio de legalidad y concurrencia", concluye el interventor.
Varias son las voces que se han alzado contra este hecho, entre ellas, la de Rodrigo Alonso, el líder del sindicato Solidaridad nacido bajo el paraguas de Vox. Además de reiterar su rechazo a que los sindicatos sigan financiándose con dinero público, también reclama que "los sindicatos de la clase dirigente" sean auditados, muestren transparencia y comiencen a financiarse con las cuotas que reciben por parte de sus afiliados.
"No solo hemos asistido a continuos casos de corrupción, por parte de CCOO y UGT, durante estas últimas décadas, sino que además se les sigue premiando con ayudas públicas, prebendas y privilegios con las que el resto de los sindicatos no contamos. Es evidente que cada vez representan a menos gente y por ello tienen que contar con las ayudas que el poder político les otorga para mantenerles en silencio ante la dramática situación que España padece", concluye Alonso.
Al Congreso de UGT en Valencia asistieron unas 5.000 personas. Entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de algunos ministros, dirigentes empresariales como Antonio Garamendi y el líder de CCOO, Unai Sordo. El Ayuntamiento de Valencia no fue el único en dar dinero al sindicato. UGT también recibió miles de euros de la Generalitat y de la Diputación de Valencia.
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