El PSOE prosigue su plan de culpas. Los socialistas han señalado este viernes al PP como responsable del cambio en el código penal que han registrado junto a Unidas Podemos en el Congreso y que plantea borrar el delito de sedición, castigado ahora con penas de hasta 15 años, e introducir otro de "desórdenes públicos agravados" que rebaja a 5 años el castigo. "Esto lo que cambió a la hora de hablarlo [con ERC] es cuando el PP rompe el pacto que teníamos para el Consejo General del Poder Judicial y ERC deja de hablar de suprimir y empezamos a hablar de europeizar", ha espetado el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López.
Cabe recordar que fue la constatación por parte de Génova de que el Gobierno no iba a frenar la llegada al Congreso de la reforma de la sedición, como deslizó inconscientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que levantó a Alberto Núñez Feijóo de la negociación con Moncloa para desatascar la renovación del Poder Judicial, caducado desde hace casi cuatro años. Los socialistas han respondido al líder del PP y le han advertido de que no habrá "otro PSOE" con el que hacer pactos de Estado, porque el actual es el PSOE, el que "hace política para mejorar la vida de la gente aunque le cueste votos".
No obstante, en la planta noble del PSOE, al menos en público, no se teme que los votantes socialistas más reacios a la indulgencia con el independentismo se alejen de sus siglas en las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. "Si lo sabemos explicar, el votante socialista entenderá, porque desde el minuto uno, el Gobierno de coalición progresista hace política", ha excusado el propio López.
El PSOE no aclara si recurrirá al procedimiento de urgencia
El PSOE intenta obviar lo que tanto sus socios de Unidas Podemos como ERC sostienen: que Moncloa lleva tres años intercambiando documentos con los republicanos para modificar el alcance del delito que beneficiará a los líderes del procés prófugos en caso de que regresen a España a sentarse ante un juez. Y Eso sí, los morados han evitado especificar cuándo les contactó el PSOE para iniciar el redactado y la tramitación de la proposición de ley orgánica. Los socialistas, además, tampoco precisan si recurrirán al procedimiento de urgencia en la Cámara.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos han reiterado que el desembarco de esta proposición en el Carrera de San Jerónimo no está supeditado al 'sí' de ERC a los presupuestos generales del Estado. Aunque nada más lejos de la realidad, ya que, como contó este diario, citando fuentes conocedoras del diálogo entre Moncloa y la central independentista liderada por Oriol Junqueras el apoyo de los 13 de diputados de ERC a las cuentas generales del Estado depende de que se despeje el embrollo del delito de marras.
En ERC se entendía la reserva del PSOE como un temor electoral del partido. Y es que hay presidentes autonómicos de partido que no ven con buenos ojos esta reforma, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Y el presidente del Gobierno es plenamente consciente de que esta iniciativa turbará a parte de los ciudadanos: "Comprendo que haya españoles que tengan dudas", remachó este jueves en una entrevista en La Sexta en la que además se escudó en que el lío catalán no lleva su firma, sino la de Mariano Rajoy.
Un compromiso personal
El retoque del código penal es un compromiso personal de Pedro Sánchez, consciente de que el visto bueno a las últimas cuentas de la legislatura dependen de ERC y del resto de aliados nacionalistas e independentistas del Gobierno de coalición. En el PSOE, además, reconocen que han hablado con los grupos y confían en que más pronto que tarde el Congreso dé luz verde a la proposición de ley, el mecanismo elegido para modificar el código penal y que permite a Sánchez saltarse de los informes perceptivos tanto del Poder Judicial como del Consejo de Estado.
Mientras, en Cataluña no se disimula la alegría. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC) ha vendido el pacto con el Gobierno como un paso previo para la amnistía y se ha vanagloriado de que se ha abierto un nuevo camino beneficioso para los condenados del 1-O. Eso sí, Sánchez y el PSOE insisten en que no habrá amnistía y que pese a su reforma, los delitos por alteración del orden público siguen existiendo y serán los que enfrenten los líderes del procés que restan por sentarse en el banquillo.
Los socialistas excusan su reforma como una forma de homologar el código penal español al del resto de países europeos. Es más, en el PSOE sostienen que con su proposición arreglan de raíz el problema que impidió la extradición de los fugados del procés cuando estos salieron del país, porque con ella España tiene la misma tipología penal que el resto de grandes estados de Europa.
El PP, furibundo y reafirmado
La reacción desde la bancada de la oposición no tardó en llegar nada más conocerse el anuncio del presidente en La Sexta. El PP acusó al Gobierno de utilizar el código el penal como "moneda de cambio" con el independentismo para facilitar su permanencia en Moncloa un año más. Para el PP se trata de una "barbaridad política" que reafirma el portazo que Alberto Núñez Feijóo dio a Sánchez de cara a la renovación del Poder Judicial.
El líder de los populares, que se encontraba de vuelta de su gira por América Latina, ha cargado en Twitter contra la reforma: "Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma".
Feijóo termina su mensaje con una promesa ante la deriva de regresión democrática en la que, piensa, está instalado el país: "Estoy convencido de que hay una mayoría social que no acepta más mentiras de este Gobierno ni más chantajes del independentismo. Los españoles tienen mi palabra de que juntos devolveremos a España la calidad democrática que se merece".
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