La dirección del PSOE ha recibido la carta de un grupo de afiliados que amenaza con acudir a la Justicia ordinaria si Pedro Sánchez concede el indulto a los líderes del proceso independentista catalán. Fuentes de Ferraz confirman a Vozpópuli que el documento está firmado por "14 personas: 10 del PSOE y cuatro que dicen ser del PSC, solo uno es militante".
"Los compañeros y compañeras pertenecen a las federaciones de Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha", dicen desde estas fuentes. "Son el 0,006% de los 175.200 militantes que tiene el partido".
Este diario ha contactado con los impulsores del documento. Dicen que todos los firmantes están al corriente de sus cuotas y que también hay al menos un representante de Galicia. El grupo asegura estar dispuesto a presentar sus carnets y los recibos de pago correspondientes si alguien lo solicita.
Respuesta en dos semanas
Al mismo tiempo, reconocen que el PSC es una organización política diferente al PSOE, con sus propios órganos internos. Pero que se decidió aportar los nombres de militantes del PSC "para demostrar que también hay afiliados socialistas en Cataluña que rechazan los indultos".
Ferraz no se ha puesto en contacto con los afiliados díscolos. Tampoco ha precisado si piensa hacerlo o si atenderá alguna de sus demandas. La carta enviada a la dirección del partido pide "amparo a la comisión de garantías del PSOE para que vele por nuestros derechos de participación política en esa decisión (los indultos)". Y advierte de que, "dado el carácter de urgencia", se reservan "el derecho a recurrir a la justicia ordinaria para solicitar amparo y medidas cautelarísimas".
EL grupo cita el artículo 46 de los estatutos socialistas, que, por un lado, otorga a la comisión de ética y garantías las competencias para "garantizar los derechos a militantes individuales y colectivos mediante la resolución de los recursos establecidos contra las decisiones de los órganos del partido". Y, por otro, permite a dicha comisión informar al comité federal de los litigios surgidos entre militantes y la cúpula de la organización.
El documento también recuerda que Sánchez; así como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, podrían incumplir el código ético del PSOE si conceden los indultos. Tal y como informó Vozpópuli en septiembre del 2020, el artículo 8.1 de este código prohíbe no ya conceder, sino "proponer o apoyar" indultos a condenados por la "comisión de hechos constitutivos de delitos graves". Los delitos de sedición o malversación por los que fueron condenados los políticos catalanes que encabezaron la revuelta del 1-O son de los más graves que contempla el Código Penal.
Sánchez y el PSOE, con los indultos
Sánchez ha defendido reiteradamente el indulto para los políticos independentistas encarcelados. Y el PSOE ha cerrado filas con su secretario general. El Gobierno no se ha inmutado ante el demoledor informe del Tribunal Supremo en contra de los indultos. Sánchez ha fijado su posición, dicen en La Moncloa. Y esa posición es favorable al perdón a los dirigentes del independentismo catalán condenados por el golpe separatista de octubre del 2017. El jefe del Ejecutivo señaló que no recurrirá a la "venganza o la revancha".
La mayoría del PSOE coincide en que el peaje es obligatorio si Sánchez quiere aguantar la legislatura. Por un lado, el presidente del Gobierno ha silenciado cualquier voz discrepante desde su regreso a la secretaría general. Por otro, amplios sectores del PSOE están convencidos de que el indulto es la única forma de avanzar hacia una solución al conflicto territorial abierto en Cataluña.
La voz discrepante más relevante hasta el momento ha sido la de Emiliano García-Page. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha deseado, desde su "convicción socialista", que el indulto no se lleve a efecto. "Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia, sinceramente. Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca", dijo García-Page.
