El cargo socialista en la Diputación de Badajoz, Francisco Martos Ortiz, ha arremetido contra la UCO por requisarle los correos corporativos en el marco de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Martos ha denunciado en un escrito remitido al juzgado que se trató de una medida "prospectiva" que vulneró sus derechos fundamentales y ha instado a destruir dichas fuentes de prueba.
Así consta en un amplio escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que el diputado socialista arremete duramente contra los investigadores de este procedimiento que se sigue contra el hermano del presidente del Ejecutivo. Como desveló este medio, Francisco Martos fue uno de los nueve cargos de la Diputación cuyos correos corporativos se requisaron para investigar los pormenores de la contratación de David Sánchez.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, accedió en julio a la diligencia solicitada por la UCO y autorizó que requisaran los correos del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, del propio David Sánchez Castejón y de otras ocho personas más; entre ellas tres diputados socialistas.
"El ojo clínico de la UCO"
En concreto, se ordenó analizar todas las comunicaciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022; por ser el año que se produjo el cambio de denominación del puesto de trabajo de David Sánchez. La UCO justificó su petición apuntando que podrían haberse dado una serie de "actos preparatorios" en la Diputación de Badajoz para crear la plaza pública al hermano de Sánchez.
Por ese motivo, la juez abrió una pieza separada dentro de estas diligencias, que ha declarado secreta, y a la que ha adherido todo el material requisado en la Diputación que dirige el PSOE. El diputado Martos Ortiz -que dio el visto bueno al 'ascenso' en 2022 de David Sánchez- sostiene que se han vulnerado sus derechos con la incautación de sus comunicaciones y que la causa no tiene razón de ser.
"Ya se dispone de un acervo documental enorme que desvirtúa las fantásticas acusaciones que, aunque han servido para dar inicio y mediático estrépito al procedimiento, jamás han sufrido el menor escrutinio: pese a su nulo fundamento, se asumieron desde el principio como si contuviera una verdadera notitia criminis con valiosos indicios de la existencia de algo sucio respecto al señor David Sánchez, digámoslo ya, por ser hermano del Presidente del Gobierno", alega.
Si no hay, no hay que buscar indiscriminadamente por si acaso hubiera. Entendemos, dicho sea con todos los respetos, que el juzgado podría haber corregido a la UCO, denegando tan extraordinaria, indiscriminada, desproporcionada, prospectiva y, por tanto, inconstitucional petición Recurso del diputado Martos
En su recurso al auto por el autoriza la incautación de los correos, el diputado de Badajoz acusa a la Guardia Civil de incurrir en una "vulneración constitucional de libro". Al hilo, traslada a los investigadores que deberían haber citado primero al músico antes de acordar medidas como el examen de sus correos que, a su juicio, es "arbitraria y desproporcionada".
El contrato del hermano de Sánchez
El político socialista apunta, además, que la UCO no debería tener facultad para decidir qué correos se integran en la causa y cuáles no, y avisa que cuando se levante el secreto de esta pieza, "quedarán al descubierto" infinidad de correos que, aunque son corporativos, pueden salpicar también a "personas cercanas, familiares o amigos".
Además, sostiene que no era diputado en el momento de los hechos y que la instrucción terminará sin arrojar pruebas contra el hermano del líder del PSOE. "Dígase qué relación existe entre los correos incautados al señor Martos y los hechos libremente apreciados por quien los relata que contiene la denuncia, aun cuando su desquiciante y evidente mendacidad se quiera considerar contra toda lógica indicio delictivo. Absolutamente ninguna, salvo el ojo clínico de la UCO", alega.
Sin embargo, la juez no solo ha validado la actuación de la UCO en esta investigación, sino que, recientemente, reafirmó sus indicios contra el hermano de Sánchez al apuntar que todavía no se sabe exactamente en qué consiste su trabajo.
Las diligencias, que arrancaron a raíz de una denuncia de Manos Limpias, tratan de esclarecer si hubo un concierto previo en la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades conservatorias en la Diputación de Badajoz, que fue a parar al hermano del presidente del Gobierno a mediados de 2017.
La denuncia determinó que el hermano del presidente del Gobierno no acude presencialmente a su lugar de trabajo (pese a que así lo exige el contrato) y que reside en la localidad portuguesa de Elvas desde hace años. Del mismo modo, se pidió investigar su patrimonio ante la sospecha de que habría alcanzado los dos millones de euros; cifra que no se explicaría con su salario en la Diputación.
Identificar al funcionario de Hacienda
El músico, a quien se le ascendió a jefe en 2022, ha percibido hasta el momento un total de 280.845 euros repartidos en ocho ejercicios tal y como informó la Diputación al juzgado. Del desglose de abonos se desprende que su salario se duplicó cuando en 2018, coincidiendo con la llegada a Moncloa de su hermano, siendo 2023 el año que más salario público ingresó (54.136,32 euros).
Por ese motivo, la juez lanzó una batería de diligencias a varios entes, entre ellos Hacienda, a la que pidió las declaraciones patrimoniales del músico. El Ministerio que dirige María Jesús Montero respondió hace apenas una semanas negando irregularidad alguna. Con todo, la juez ha exigido a este departamento que identifique al funcionario que lo emitió.
En concreto, la juez solicitó el pasado 2 de septiembre que se le informe del cargo que ostenta y de la firma digital del funcionario que firma el informe que exime al hermano de Pedro Sánchez. Biedma asegura que en otros informes de Hacienda remitidos al juzgado se incluye esta información y que, por ese motivo, debe informar sobre estos extremos a la autoridad judicial.
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