El general de la Guardia Civil imputado en el 'caso Mediador' guardaba en su casa libretas con toda la contabilidad opaca de la trama. Los agentes descubrieron esta documental en el marco del registro a su domicilio tras su detención por integrar esta presunta trama de corrupción que salpica al PSOE. Además de 61.000 euros en metálico de dudosa procedencia, hallaron libretas con los pagos opacos de la red.
Así se desprende del auto dictado por la juez del caso Mediador en el que ordenó el ingreso en prisión de Francisco Espinosa Navas. La instructora explica que debía acordarse esta medida cautelar contra él no solo por ser uno de los cabecillas de la también conocida como causa del 'tito Berni', sino porque habría pruebas más que suficientes que probarían el cobro irregular de mordidas de empresarios a cambio de adjudicaciones amañadas.
El perjuicio causado para la sociedad en general adquiere una relevancia incalculableAuto de la juez
Además, la juez alude al material que encontraron durante el registro a su domicilio. De todo lo incautado destacan especialmente unas "hojas de cálculo" que reflejan el control de unos ingresos y unos gastos. "Llama poderosamente la atención el hecho de que una de las columnas que contempla dicha tabla recibe el nombre de 'CASH', pero aún más las cantidades expresadas en la misma", dice la juez.
"Registraba la contabilidad A y B"
"Pareciera que registraba su contabilidad A y B habida cuenta que los saldos que presenta la cuenta del BBVA van muy en consonancia con los anotados en la columna 'Saldo Inicial' que es distinto del real", añade. Por todo ello la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife determina que se confirman los indicios contra este general de la Guardia Civil que, según se desprende del sumario, empleaba su influencia dentro del Instituto Armado para beneficiar de manera irregular a los empresarios implicados.
De hecho, él mismo reconoció en su declaración en sede judicial las reuniones mantenidas con algunos imputados del caso Mediador (entre ellos el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo) así como las comidas y viajes a las islas Canarias que se abonaron desde la trama. También confirmó que recibió a algunos de los empresarios imputados en su despacho de la sede de la Guardia Civil de Madrid y que usó tarjetas prepago, aunque negó haber cobrado comisiones por su intermediación.
Sobre este último punto la juez concluye que el dinero hallado en su domicilio (poco más de 60.000 euros) "respondería a esos pagos en B y de dudosa procedencia, a la vista de su investigación patrimonial". Al igual que alegó en relación al exparlamentario socialista Fuentes Curbelo, considera que debía ordenar su ingreso en prisión para evitar la posible destrucción de pruebas, así como la reiteración delictiva. A diferencia del 'tito Berni, que quedó en libertad al no pedir la Fiscalía su ingreso en prisión, en el caso del general sí se acordó esta medida cautelar.
Rastreo de fondos en Bélgica
El auto recoge además toda una serie de evidencias analizadas por la Policía Judicial como los movimiento bancarios, los mensajes de la red Mediador, las comunicaciones internas y las confesiones de los imputados para concluir que este general de la Guardia Civil desempeñó un rol "clave". Al respecto dice que se aprovechó de su anterior cargo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas para actuar como intermediario de los empresarios a cambio de jugosas comisiones.
Además, se alude a su actuación también como director del proyecto europeo Gar-Si Sahel, centrado en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en esta zona de África. Tanto es así que consiguió que una de las empresas de la trama Mediador dedicada a la venta de drones resultara adjudicataria de varios concursos licitados por la fundación FIAAP que llevaba a cabo el proyecto en el Sahel.
En el marco de la causa, abierta por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad documental, organización criminal y tráfico de influencias, el juzgado dirigió también comunicación a Bélgica para rastrear el patrimonio del general de la Guardia Civil. El auto sostiene que "resulta del todo relevante" el hecho de que pusiera a disposición de los imputados de la red el número de una cuenta bancaria ubicada en Bélgica. Por ese motivo el juzgado emitió una Orden Europea de Investigación que está a la espera de respuesta.
"Del resultado de la compleja investigación se pone de manifiesto dos cuestiones fundamentalmente graves: el concierto de un grupo de personas para la supuesta comisión de delitos relacionados con la corrupción y, por otro lado, el ánimo de lucro. El modelo pudo operar gracias a la figura de un diputado nacional, al director general de un gobierno autonómico y a un general de la Guardia Civil (...) El perjuicio causado a la sociedad en general adquiere una relevancia incalculable", concluye el auto.
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