El PSOE vendió este lunes a Podemos y dio la patada a la ley de Familias, que se comprometió a llevar en primera vuelta al Consejo de Ministros antes de que terminara octubre. Pero el último cónclave de Moncloa antes de noviembre se sucedió sin que la norma que permitió el acuerdo entre socialistas y morados para dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado apareciera en la referencia del consejo. Según fuentes gubernamentales socialistas, porque aún no ha pasado ni por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ni por Comisión de Secretarios y Subsecretarios. Pero los socios de Podemos les culpan de ello.
Desde Unidas Podemos, fuentes conocedoras de la negociación explican que son el Ministerio de Hacienda y el de Economía los que están bloqueando que la Ley se eleve a esos órganos a los que se refiere el PSOE: "Estaba previsto que la ley fuera el lunes pasado a Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que fuera aprobada este lunes y cumplir con el plazo que se había acordado", zanjan estas fuentes.
Podemos ya puso el grito en el cielo el pasado viernes. Y señalan las "resistencias del Ministerio de Hacienda", capitaneado por María Jesús Montero, como gran obstáculo para que la norma cobre forma. Los socios de Gobierno alcanzaron un acuerdo en la negociación presupuestaria para que la ley fuese aprobada durante el mes de octubre.
Hacienda se resiste
Sin embargo, y siempre según el relato morado, Hacienda se resiste a que se eleve al Consejo en los términos acordados en la negociación de las cuentas. El incumplimiento trae cola, porque fuentes de Hacienda consultadas por este diario apuntaron durante todo el mes de octubre a que la ley estaría lista antes de que la ministra Ione Belarra estuviera de permiso por maternidad.
La ley contempla el compromiso de la coalición de alumbrar una renta crianza de 100 euros por hijo que pretende "avanzar en la universalización", ya que alrededor de 250.000 mujeres más, según el Ministerio de Derechos Sociales, se beneficiarán de esa extensión fiscal. Porque es importante señala que ese 'cheque crianza' no deja de ser una ampliación de un recurso que ya existe vía deducción de IRPF. Por tanto, no es una nueva prestación.
Esa extensión está destinada a madres con algún tipo de relación contributiva, es decir, que estén cobrando el paro o que hayan trabajado al menos un mes al año. Como ya contó este diario, la deducción por maternidad en el IRPF vigente se presupuestó en 1.005 millones de euros para 2022 y en el presupuesto de beneficios fiscales del proyecto de Presupuestos de 2023 presentado este jueves se prevén 953 millones para el año que viene, un 5,2% menos.
200 millones de medida estrella
La ministra aclaró que su ampliación, el nuevo cheque de crianza, la medida estrella de Podemos en la negociación presupuestaria, costará unos 200 millones de euros, con lo que esta partida deberá actualizarse al entorno de 1.153 millones. Sin embargo, la medida se va a desarrollar en la ley de Familias y que entrará en vigor el 1 de enero sin que esté aprobada, porque en el Gobierno ya barruntan que no llegará a tiempo.
Pero la patada del PSOE deja varadas más medidas. Por ejemplo, una destinada a las madres con familia monomarental, ya que pretende equiparar su situación con la de las familias numerosas. Además, intenta que ejerzan un segundo derecho de maternidad (el que correspondería al segundo progenitor en el caso de familias biparentales. Y ojo, porque este segundo permiso lo podrían transferir a familiares de hasta segundo grado.
También contempla un permiso retribuido por cuidado de 7 días si el menor se pone enfermo y requiere atención en casa. Pero todas estas medidas, sin ley, se quedan sin armazón legal y deberían pelearse en el presupuesto de forma individual. Y eso que los morados no lograron que el PSOE aceptara la ampliación de permisos de maternidad y paternidad a 6 meses, por el elevado coste que supondría para las arcas públicas.
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