Tras la supresión del delito de sedición que iniciaron este viernes PSOE y Unidas Podemos en el Congreso mediante una proposición de ley orgánica, los socios de los socialistas han seguido presionándoles para retocar otro delito del que se puede beneficiar también el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés huido de la Justicia española. Y Ferraz no se cierra a "redefinir" del código penal el delito de malversación, según fuentes socialistas consultadas por este diario.
El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem, Jaume Asens, fue el primero que presionó al PSOE, al que llamó abiertamente a meter mano a ese delito, que según Asens -abogado penalista- es "un cajón de sastre". Él mismo explica así a Vozópuli qué quiere hacer con este tipo penal: "Es un delito que tal y como está redactado es un cajón de sastre donde puede entrar de todo. Hay que redefinirlo. Pero acabamos de llegar a un acuerdo por otro delito. Hay que ir paso a paso".
El PSOE echa balones fuera pero no niega que vaya a seguir la estela de Unidas Podemos. "De partida, no", precisan fuentes oficiales del partido cuando se les pregunta. Pero, en verdad, ese es el siguiente paso que previsiblemente dará el Gobierno tras las reiteradas peticiones de ERC en aras de completar el proceso de "desjudicialización" de la política al que tanto Moncloa como la Generalitat de Cataluña se agarraron para mantener con vida la mesa de diálogo entre Ejecutivos.
La vía enmienda
Es muy probable que Unidas Podemos y el resto de grupos nacionalistas e independentistas de izquierda que dan soporte al Gobierno en el Congreso propongan la revisión de la malversación. Y que lo hagan, además, presionando mediante una enmienda a la proposición de ley que registraron este viernes sobre la sedición PSOE y Unidas Podemos y que, además, no contará con los informes de consulta ni del Poder Judicial ni del Consejo de Estado precisamente porque la iniciativa legislativa ha sido iniciativa de los grupos y no del Ejecutivo.
La tesis de Unidas Podemos es que a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo se les aplicó el delito de sedición de forma sesgada. Pero, en caso de que la sedición ya no exista y la malversación se rebaje, se podrá inferir que los autores de la declaración unilateral de independencia ni habrían cometido un delito de sedición sino de desórdenes -el nuevo tipo-, ni habrían malversado fondos públicos para poner en marcha el referéndum ilegal del 1-O o para financiar su campaña exterior, ya que la malversación se aplicó en concurso con la sedición.
La gran amenaza
La gran amenaza para la moralidad del Gobierno es que, en estos momentos, tocar la malversación afecta a algunos políticos. En concreto a uno del PSOE, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está a punto de entrar en prisión por malversación. Una hipotética reforma de ese delito que facilite la evasión de la condena a Griñán supondría un escándalo político de dimensiones estratosféricas.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas entendió que hubo un uso irregular de 5,4 millones porque se emplearon para promocionar el procès en el extranjero a través de las embajadas catalanas y el Diplocat, el servicio exterior del Govern de Cataluña entre 2011 y 2017. Y por eso reclamó tal cantidad a 34 ex altos cargos de la Generalitat, a la que permitió que creara un fondo para avalar con dinero público las fianzas. Todo un giro destinado a quitar presión sobre las posibles responsabilidades económicas o patrimoniales. Los morados, según expresó Asens, consideran que la rebaja del delito de malversación haría muy difícil a los fiscales tendrán acusar a Puigdemont de sedición.
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