Los días van pasando sin noticias de Waterloo y eso produce una cada vez menos indisimulable incertidumbre puertas adentro de un PSOE que, no obstante, se encomienda al optimismo: “Si (Carles) Puigdemont no quisiera la investidura de Pedro Sánchez, ya lo habría dicho”, resume para Vozpópuli ese estado de ánimo un relevante miembro del Gobierno intentando espantar el fantasma de la repetición electoral el 14 de enero.
Todo el núcleo presidencial sabe que el ex presidente de la Generalitat huido es voluble y puede cambiar de opinión en el último minuto -ya lo hizo en 2017 declarando la República catalana tras haberse comprometido a no hacerlo y en su lugar convocar elecciones-, pero tanto en La Moncloa como en la sede de Ferraz prefieren pensar que esta vez será diferente; que al independentismo menos que a nadie le conviene volver a las urnas y que Puigdemont tardaría mucho tiempo en tener otra ocasión para solucionar su situación penal si rechaza Ley de Amnistía que ahora le ofrece Sánchez.
El fuerte rechazo que suscita la iniciativa en una gran mayoría de la sociedad española y su complejidad jurídica intrínseca explican, en última instancia, la ley del silencio decretada por Sánchez y que solo el equipo negociador más directamente implicado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, conozcan realmente qué está pasando.
Lo de la “minoría nacional” catalana ha levantado ampollas no sólo en el PP y entre bastantes cargos socialistas, también en una buena parte del independentismo, que no entiende que seis años después de declarar la República -solo ocho segundos, eso sí- Carles Puigdemont se vaya a conformar ahora con eso en lugar del referéndum
De entre lo poco que se va filtrando sobre la negociación resalta una alambicada propuesta publicada esta semana por La Vanguardia, cuestionada por otras fuentes, que habría llevado a la mesa de negociación con el Gobierno el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé: usar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre “minorías nacionales” dentro de los 27 Estados para declarar a Cataluña una “minoría nacional” más.
El asunto ha levantado ampollas no sólo en el PP y entre no pocos cargos socialistas, también en una buena parte del independentismo, que no entiende que seis años después de declarar la República -solo ocho segundos, eso sí- Carles Puigdemont se vaya a conformar con eso en lugar de un referéndum pactado con el Estado; Hasta el punto de que el ex presidente catalán, que no pasa por su mejor momento de popularidad entre esos sectores radicales que le llaman “botifler” (traidor) tuvo que salir este jueves en Twitter a negarlo de forma implícita.
Pero, además, insisten varias fuentes socialistas consultadas, el debate no es lo que diga el TJUE, es que el artículo 2 de la Constitución señala que ésta “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” y, por extensión, el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña dejó claro que, si bien en el preámbulo del mismo se puede afirmar que Cataluña es una nación “cultural” porque eso “carece de eficacia jurídica interpretativa”, a todos los efectos jurídicos “la Constitución no conoce otra nación que la española”.
Collboni no se toca
Fuentes del PSC consultadas por este periódico sostienen que lo de la “minoría nacional” no es aceptable ni por ERC ni por Junts per Catalunya, y lo califican de “bola”, “una más de las que estamos escuchando”; como también lo es, avisan, que el PSC vaya a dejar caer al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, elegido hace apenas cuatro meses, para que el alcaldable de Junts per Catalunya, Xavier Trías, ocupe el puesto.
“Hace cuatro meses se hablo de eso con ellos, de compartir la alcaldía dos años cada uno y fue el propio Trías quien dijo que no”, recuerda esta fuente, que asegura que la continuidad de Collboni al frente de la segunda ciudad española no está en cuestión. “Ellos (Junts) verán si les conviene ir a elecciones en caso de que no apoyen la investidura”, señala esta fuente de la forma más retadora.
Lo realmente paradójico es que de nada de esto se hablará este sábado en la reunión del Comité Federal del PSOE que va a debatir solo del acuerdo con Sumar firmado por Pedro Sánchez y su vicepresidenta, Yolanda Díaz, y va a convocar a los 140.000 militantes para que lo refrenden en una consulta que se celebrará la próxima semana.
Page ha decidido dar un paso adelante acudiendo este sábado a la reunión del Comité Federal para que el PSOE “abra los ojos” y se dé cuenta de que no puede admitir las “intolerables” exigencias de Puigdemont solo por lograr una segunda investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno
Precisamente por ello, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el barón más relevante que le queda al PSOE tras la debacle de poder municipal y autonómico en las elecciones del 28 de mayo, junto al presidente asturiano, Adrián Barbón, y la navarra María Chivite, ha decidido dar “un paso adelante” acudiendo este sábado a la reunión del Comité Federal del PSOE a denunciar que no vale todo para lograr una segunda investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, señalan a Vozpópuli fuentes de su entorno.
Page lleva varios días tildando de “intolerable” la exigencia por parte del independentismo catalán de una Ley de Amnistía, mucho más una hipotética consulta de autodeterminación que no cabe en la Constitución de 1978; pero, sobre todo, juzga intolerable que Sánchez esté siquiera dispuesto a ello solo por mantenerse en La Moncloa cuatro años más.
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