La Vicepresidencia de Derechos Sociales anunció este miércoles que ya hay un acuerdo en el seno del Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
Según fuentes de la Vicepresidencia segunda, el equipo negociador encabezado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha alcanzado ya un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que pondrá fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables de nuestro país mientras dure el estado de alarma.
En virtud de este acuerdo, apuntan dichas fuentes, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna. Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna, y no, por ejemplo, un albergue.
Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.
Familias en precario
El pacto incluye también a las familias en precario que residan en viviendas de grandes tenedores, propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron dos enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado que pedían prorrogar la paralización de los desahucios, una hasta 2022, y otra hasta 2024. Sin embargo, la retiraron tras comprometerse la parte socialista del Gobierno, según el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a afrontar el problema con un decreto.
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