La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formulada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy limitó los plazos de instrucción judicial a un máximo de seis meses o 18 meses en aquellas causas declaradas complejas. En la práctica, ha implicado que algunos casos de corrupción hayan prescrito sin poder ser juzgados. Aquella reforma, duramente criticada tanto por el PSOE como por Podemos, iba a ser derribada por los partidos ahora en el Gobierno, tal y como prometían en campaña electoral. Sin embargo, no ha sido así y ambas formaciones han renunciado a su promesa.
Era uno de los puntos del acuerdo de gobierno rubricado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción", afirmaba literalmente el texto que consumó el pacto de ambas formaciones, después de haber tildado la reforma como "ley Berlusconi" o "ley de la impunidad". Pero finalmente no ha sido así.
PSOE y Podemos presentaron y aprobaron la pasada semana en la Comisión de Justicia del Congreso una enmienda por la que se eleva de seis a 12 meses -prorrogables a 18- el plazo para instruir este tipo de causas. Por tanto, tal y como apunta este martes El Confidencial, en la práctica se mantiene la misma problemática que ambos partidos denunciaban, pues los archivos de las causas complejas se producen al superar los 18 meses de investigación.
Dicho texto aprobado por la Comisión de Justicia pasará este martes por el Senado y previsiblemente, si no hay modificaciones, entrará en vigor tal y como ha sido impulsado, mientras el Gobierno aguarda al mes de octubre para iniciar los trámites que permitan formular una nueva ley de enjuiciamiento criminal que haría recaer la instrucción judicial en manos de los fiscales y limitaría los plazos máximos para la investigación.
Críticas de los fiscales progresistas
El propio texto aprobado en la comisión parlamentaria reconoce que "seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de su entrada en vigor, calificando públicamente la reforma, en un comunicado conjunto, de auténtica ley de punto final", en referencia a la modificación impulsada por el Ejecutivo de Rajoy. Y el descontento se mantiene. De hecho, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) emitió la pasada semana un comunicado crítico con la reforma acometida ahora por el PSOE y Podemos.
"Los ciudadanos y ciudadanas de este país han de saber que si, finalmente, se acuerda mantener plazos cortos de investigación, las consecuencias procesales serán funestas para la persecución de los delitos sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal intente, como siempre, cumplir de la manera más efectiva sus funciones con los mecanismos procesales puestos a su disposición a fin de conseguir la mejor y más justa respuesta para los afectados y para la sociedad en su conjunto”, advertía la Unión Progresista de Fiscales.
Además, el texto aprobado en la comisión parlamentaria incluye una disposición transitoria que reinicia las instrucciones: "La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquel". Por tanto, desde su entrada en vigor, los plazos de todas las causas empezarán a contar desde cero.
Esto ha sido objeto de crítica por parte del PP, que no se ha sumado a esta nueva moficiación planteada ahora por el PSOE y Podemos. Según el portavoz 'popular' en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, supondría una aplicación retroactiva de un precepto penal, lo que en su opinión no es posible e incluso podría ser recurrible al Tribunal Constitucional por parte de aquellas partes afectadas en los casos en los que se reinicien los plazos. Todo en un momento clave para diversas investigaciones de corrupción cuyo enjuiciamiento está en el aire.
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