PSOE, PP y Ciudadanos han logrado frenar in extremis este lunes lo que hubiese sido, sin duda, un duro golpe para la imagen de España: que el Parlamento Europeo aborde en uno de sus próximos plenos el intento del Gobierno de rebajar la actual mayoría reforzada necesaria para elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 3/5 de las Cortes (210 diputados), a solo mayoría absoluta absoluta (176).
"De momento, no se va a incluir en el orden del día", señalan a Vozpópuli distintas fuentes del Europarlamento, aunque "la amenaza está ahí" y su freno probablemente tiene mucho que ver con el anuncio de Pedro Sánchez este pasado jueves, aprisa y corriendo, al final del debate de la moción de censura de Vox en el Congreso, de que congela la tramitación de la proposición de ley presentada por socialistas y Unidas Podemos.
Oficialmente, dijo el presidente del Gobierno, lo hace para favorecer el diálogo con Pablo Casado tras el desmarque político del PP de la formación que lidera Santiago Abascal, y en un intento para que PP y PSOE intenten emprender otra ronda negociadora para ver si logran renovar el órgano de gobierno de los jueces con el actual sistema de mayoría reforzada; un sistema vigente desde hace 35 años y que exige el acuerdo de los dos principales partidos del país.
Frente a esa tesis oficial, las fuentes consultadas por este periódico ponen el foco mediático en dos acontecimientos políticos ocurridos esta semana y que se les antojan cruciales en esa marcha atrás: la Comisión Europea filtró el jueves a mediodía a los medios de comunicación el toque de atención que había dado por teléfono el día anterior el comisario de Justicia, Didier Reynders, a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya; y, por si fuera poco, la polémica ha estado a punto de formar parte del orden del día de un próximo pleno del Parlamento Europeo.
Así lo quería el sector más duro de los eurodiputados de la CDU alemana, el partido de la canciller Ángela Merkel, los liberales que gobiernan en Holanda (Mark Rutte), y hasta los socialdemócratas finlandeses que comanda la rebelde primera ministra, Sanna Marín, los holandeses, los daneses y austriacos, que han puesto a su jefa de filas en el Grupo Socialista Europeo, la española Iratxe García, en una posición más que incómoda.
Puigdemont hace un ‘doble juego’: por un lado apoya en el Congreso la reforma pero en Bruselas la usa como argumento de que España no es una democracia, para que el Europarlamento no conceda su suplicatorio
Esos eurodiputados de países del norte quieren incluir lo que ocurre con la Justicia española dentro de su particular cruzada a favor del respeto al Estado de Derecho en Polonia y Hungría y también, por qué no decirlo, para seguir boicoteando la aprobación de fondos de recuperación, de los cuales van a ser contribuyentes netos; al tiempo, los antiguos países del este, lógicamente y aunque sea por el motivo contrario, también están muy interesados en meter a un país del sur en esa pelea con el argumento formal del respeto a la Rule of Law.
Cuentan con el "inestimable apoyo", ironiza una de las fuentes consultadas, del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El eurodiputado, prófugo de la Justicia española, y sus compañeros de escaño, los también fugados Antoni Comín y Clara Ponsatí, está manteniendo un doble juego: por un lado, su partido, el PDCat, apoyan la reforma en el Congreso, pero ellos la utilizan en la capital comunitaria para denunciar que España no es un Estado de Derecho y, por tanto, no cabe conceder el suplicatorio que reclama el Tribunal Supremo.
Solo la intervención in extremis de los eurodiputados españoles de PSOE, PP y Ciudadanos, con Iratxe García, Luis Garicano, Dolors Montserrat y Esteban González Pons a la cabeza, para evitar que España aparezca en el grupo de Estados "iliberales", ha impedido que se incluya la reforma judicial entre los temas a tratar en un próximo pleno.
García: "Ni un solo euro" a Polonia
Y es que Europa ha dado múltiples señales al Ejecutivo de PSOE y Podemos de que no está dispuesta a transigir, como demuestra la rapidez con que su presidenta, la alemana Úrsula Von der Leyen, aceptó hacerse la foto con Casado en su reciente visita a Bruselas para denunciar lo sucedido, la suspensión de su presencia en la Conferencia de Presidentes este lunes (se ha convertido en telemática) y, por supuesto, la durísima carta que el Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha remitido al Ministerio de Justicia denunciando que la reforma atenta contra el Estado de Derecho:
Para Iratxe García este episodio de la reforma judicial del gobierno de PSOE y Unidas Podemos está siendo un auténtico dolor de cabeza porque ella, en calidad de responsable de los socialistas europeos, ha hecho bandera del respeto al Estado de Derecho como condición para la transferencia de fondos a países como Polonia o Hungría, y ahora España corre riesgo de verse en la misma tesitura.
De hecho, en junio, la presidenta del Grupo Socialista comentó en un pleno del Europarlamento en junio: "Los socialistas lo tenemos claro. Ni un solo euro para aquellos gobiernos que no actúen con pleno respeto del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión". Y no solo ella. También el exministro de Justicia y hoy eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, ha tenido duras intervenciones en el plenario europeo contra la falta de independencia del Poder Judicial en Polonia, que ahora pasa factura a España.
Por eso, cuando trascendió el contenido de la reforma que pretenden PSOE y Unidas Podemos, el pasado 13 de octubre, el viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, y otros miembros del Gobierno populista de aquel país, se apresuraron a comparar en Twitter la situación en ambos Estados:
Hiszpański KRS sformułowany jest analogicznie do polskiego (sedziowscy członkowie wybierani większością 3/5 głosów przez parlament).
Od wielu miesiący brak większości uniemożliwia obsadę miejsc , więc co proponują socjaliści od Pedro Sancheza? Przejście na zwykłą większość pic.twitter.com/tUwlHP4528
— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 14, 2020
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