El Grupo Parlamentario Socialista propondrá al resto de grupos con representación en el Congreso una reforma de ley para agilizar la resoluciones judiciales sobre medidas limitativas de derechos fundamentales ante los rebrotes por la pandemia del nuevo coronavirus.
Lo hará mediante una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.
Plazo máximo de tres días
La reforma plantea como objetivos los de atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general, así como establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones.
Igualmente, establecerá un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación e incorporará la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos.
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, tiene como objetivo último el de mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales ante los rebrotes.
En concreto, la iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común.
Asimismo, se pretende dotar a las Comunidades Autónomas y demás administraciones públicas con competencias sanitarias de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio.
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