Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han cerrado un acuerdo para la prórroga de las bonificaciones al transporte público a toda la población y no solo para menores de edad, jóvenes y desempleados, según han confirmado fuentes de la formación que dirige Yolanda Díaz.
En el nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, que aprobará este miércoles el Consejo de Ministros y que se aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, extenderá la ayuda al transporte a todos los colectivos, en lugar de solo dirigirse a menores de edad, jóvenes y desempleados como se pretendía en un principio.
Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica.
Así, el Gobierno seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. Una ampliación que durará hasta el 31 de diciembre de 2024.
Una de las medidas esperadas junto con la reducción del IVA de los alimentos. Este impuesto se mantendrá en para aquellos alimentos de primera necesidad como son la leche, el pan, los huevos, el queso, las legumbres o las verduras y con el 5% otros como el aceite o la pasta.
El impuesto a energéticas
Uno de los asuntos más polémicos en esta negociación entre los miembros del Gobierno ha sido el impuesto a la banca y a las energéticas. El PSOE es partidario de suavizarlo y Sumar apuesta por mantenerlo. El impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España.
El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019.
Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Vía Presupuestos
Como informa Vozpópuli este miércoles, el Gobierno mantendrá el impuesto a energéticas en 2024 de entrada, como estaba previsto, pero planea suavizarlo en los Presupuestos de 2024, que se estima que entrarán en vigor en junio. Así lo trasladan fuentes próximas al Ejecutivo sobre el futuro de este tributo y ante las negociaciones que se vienen produciendo de cara al Real Decreto-ley de ayudas que el Consejo de Ministros aprueba este miércoles.
Este impuesto se aprobó, junto con el de banca, como temporal para 2023 y 2024. Y aunque el ala socialista del Gobierno ha dado un viraje importante en diciembre y ahora ha trasladado que se abre a "rediseñarlo", no ha quedado claro si sería de cara ya a 2024. Este impuesto grava en 2023 los márgenes de 2022 y en 2024 los de 2023, con lo que quedaría todavía su pago el año que viene, el 50% anticipado en febrero y su declaración en septiembre.
Medidas energéticas
Esta ‘ley omnibus’, proyecto de ley cargado de diversas reformas contempla otras medidas de relevancia en el terreno energético. El Gobierno, a petición del equipo de Teresa Ribera, extenderá los hitos administrativos de proyectos renovables y para instalaciones de bombeo y eólica marina.
Moncloa opta también por liberar un 10% de la capacidad para modalidades de autoconsumo en nudos reservados a concursos y establecer una aportación extraordinaria para financiar los cargos del sistema eléctrico del año 2024. Se prorrogan los cargos y pagos por capacidad del año 2023 y actualiza la retribución de las instalaciones de cogeneración y de generación eléctrica.
Por otro lado, según explican estas fuentes, esta ‘ley omnibus’ incluye una revisión tanto de la ley de hidrocarburos como de la ley del sector eléctrico en relación a los procedimientos de concurrencia competitiva para la generación eléctrica renovable y la caducidad de permisos y conexión.
