La investidura de Pedro Sánchez se ha convertido esta última semana en una carrera de obstáculos cada vez más complicada. El expresidente catalán Carles Puigdemont está jugando con el candidato socialista. El sentir que transmiten los negociadores del PSOE, en conversación con Vozpópuli, es que el acuerdo con Junts -cuyos siete votos son claves- está hecho y que corresponde a la derecha independentista catalana "virar" y encontrar el relato que justifique ante los suyos las cesiones a las que lleguen y que, de momento, se desconocen. Pero la Audiencia Nacional cambió este lunes el guion con la investigación a Puigdemont y a Marta Rovira, de ERC, por terrorismo.
La imputación de Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic cayó como un bombazo entre los negociadores reunidos en Bruselas -el secretario de organización, Santo Cerdán, lleva allí varios días-. Y explica por qué Puigdemont está tan empeñado en ampliar las causas objeto de la ley de amnistía que presente el PSOE en el Congreso -con el apoyo de los 56 diputados de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, etc- y revisar hasta la última coma del acuerdo, dilatando la investidura de Sánchez. El presidente quiere llegar investido al congreso de la Internacional Socialista, que preside, esté sábado en Málaga.
Todo sigue encallado en el alcance de la amnistía. El expresidente catalán quiere una "total" y ampliarla a todos los afectados por la 'Operación Cataluña', como el clan Pujol, y que considera víctima del llamado lawfare, un "golpe de Estado" de la derecha judicial española. "Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre [de 2017], siempre se sentirá hedor de alcantarilla", espetó en X Puigdemont, tras conocer su imputación este lunes por el juez Manuel García Castellón.
La Mesa, clave
Pero si no hay acuerdo este martes, el plan del PSOE de investir a su líder esta semana se complica. Y mucho. La Mesa de Congreso se reúne a las 10.00. Y es el órgano encargado de fijar la fecha del pleno de investidura. Si Moncloa quiere que el presidente en funciones, cuyo discurso lleva semanas cerrado, se haga los días 8 y 9 de noviembre, la Mesa debe decidir esta jornada mismo. Si pasadas las 10.00 horas sigue sin llegar el acuerdo entre el PSOE y Junts, los socialistas pueden reunirla de manera extraordinaria. Pero, sí o sí, este mismo martes, porque son necesarias 24 horas de antelación. Lo curioso es que a las 16.00 el PP celebra unas 'jornadas frente a la amnistía'.
Los disturbios violentos de Tsunami, la conexión rusa, y los casos de corrupción como el de la expresidenta del Parlamento Catalán y presidenta de Junts, Laura Borrás, son considerados por Puigdemont ataques de la Justicia contra el independentismo. Y el ex presidente catalán quiere a todos los implicados libres. Mientras, la prensa catalana da por hecho que el PSOE ha cedido en este punto, aunque nadie en Ferraz lo confirma. Aunque tampoco lo desmienten. Es más, algunos socialistas que conocen bien a Sánchez destacan a este diario con ironía la 'coordinación' de la Justicia a la hora de mover ficha con Puigdemont y su imputación, reconociendo, de cierta manera, que se trata de un actor político más.
Lo único seguro es que la Fiscalía ha recurrido el auto de la Audiencia Nacional al considerar que la calificación de los delitos de Tsunami debería ser “desórdenes públicos” y no terrorismo. Y Puigdemont ha trasladado a través de sus órganos mediáticos habituales que quiere la amnistía bien atada ante la previsión de que algún caso de los que hay diseminados por los tribunales españoles termine regresando contra él y los suyos como un búmeran en los tribunales españoles o los europeos, tal y como desvela este martes Vozpópuli.
La pelea entre ERC y Junts
ERC, que vive en un pulso permanente con Puigdemont, tampoco está de acuerdo con todas las demandas de su antiguo socio de Gobierno respecto a la amnistía con la que ya firmó un preacuerdo con el PSOE. Al menos, en lo que se refiere a los casos de corrupción. El partido de Oriol Junqueras dice que la amnistía de estos procesos no cabe en el acuerdo que firmaron con Sánchez.
"No tiene sentido que casos de corrupción vayan en la misma amnistía. La amnistía es por el 1 de octubre o lo derivado. ¿Qué sentido tiene meter corrupción dentro?", explica el entorno de Aragonès en conversación con este diario. La línea sobre los delitos y los personajes a amnistiar es delgada y peligrosa para los socialistas, que se están jugando, según denuncian algunos dirigentes críticos, el futuro de la organización y su propia existencia a medio y largo plazo si cruzan el abismo hacia lo desconocido. Y es que nadie en el partido sabe a ciencia cierta qué ocurrirá si hay amnistía.
Pero Sánchez tiene un problema añadido, porque no tiene plan b. Concurrir a unos nuevos comicios en esta tesitura sería un mal trago peor que el de la primera foto pública de Cerdán con Puigdemont. El líder socialista se ha atado tanto a la amnistía que, en caso de que finalmente no haya acuerdo y, por tanto, investidura, tendrá muy difícil envolverse en la bandera de España para defender que su partido no estaba dispuesto a transgredir determinadas líneas rojas. Mientras, se suceden las protestas en las principales ciudades de España frente a las sedes del PSOE para reclamar que Puigdemont debe ir a prisión, no a su casa.
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