Las querellas anunciadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra la Mesa del Parlament catalán y contra los integrantes del Govern presidido por Carles Puigdemont aseguran que el referéndum secesionista del 1 de octubre "vulnera frontal, abierta y groseramente los mandatos del Tribunal Constitucional", según el texto difundido por el Ministerio Público, que considera que esta forma de actuar evidencia la "pertinaz" e "inequívoca" voluntad del Gobierno y de Junts Pel Si y la CUP de llevar adelante "su proyecto político por la fuerza e los hechos consumados con total despreció de la Constitución de 1978".
Además, el Ministerio Público recuerda que el decreto de convocatoria fue aprobado después de que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, advirtieran de que esta norma contravenía las sentencias del Constitucional.
Asimismo, la Fiscalía reclama al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el cual están aforados Puigdemont y el resto de integrantes del Govern, que cierre las páginas web de la Generalitat que están dando cobertura legal al 1-O.
En este sentido, el fiscal solicita a los magistrados del TSJC que adviertan a los medios de comunicación públicos y privados de Cataluña de que tienen que impedir cualquier inserción de publicidad sobre el referéndum.
Finalmente, la Fiscalía pide que los magistrados exijan una fianza, que podría ser de hasta 6,2 millones de euros, a Puigdemont y el resto de integrantes del Govern, al mismo tiempo que encarga a la Policía Judicial que impida el referéndum ilegal y requisen "urnas, sobres electorales y manuales de instrucciones para los integrantes de las mesas electorales, impresos electorales y elementos informáticos".
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